La diputada nacional Andrea Freites expresó su profunda preocupación por el proyecto oficialista que busca modificar el esquema de subsidios al gas para las «zonas frías». Y advirtió que, de aprobarse la iniciativa en el Congreso, el vaciamiento del régimen se traducirá en un fuerte e inmediato incremento en las tarifas para miles de familias fueguinas y de todo el país.
La diputada nacional Andrea Freites, también salió al cruce de las declaraciones de su par Miguel Rodríguez, quien había afirmado públicamente que la provincia mantendría el subsidio. Para la legisladora, esa promesa es una verdad a medias que esconde un fuerte golpe al bolsillo de los fueguinos. El núcleo del problema, señala, está en quién tendrá el poder de decidir los montos y qué componentes de la factura quedarán desprotegidos.
El primer gran cambio que denuncia Freites es la pérdida de previsibilidad legal. Al pasar el control directamente a manos del Gobierno central, el porcentaje de ayuda económica ya no estará blindado por una ley del Congreso.
“La ley actual garantiza entre un 30% y un 50% de subsidio. Lo que cambia ahora es que ese porcentaje deja de estar escrito y queda en manos del Poder Ejecutivo”, explicó la diputada.
Pero el impacto más inmediato en las boletas vendría de una reconfiguración técnica del beneficio. Actualmente, la Zona Fría cubre el costo total del servicio que llega a los hogares, incluyendo el traslado del recurso. El nuevo proyecto pretende recortar ese alcance.
Según detalló Freites, la modificación propuesta haría que el subsidio aplique únicamente al consumo del gas en sí mismo. De esta manera, los costos asociados al transporte y la distribución —dos variables clave que encarecen el servicio en el sur del país— quedarían completamente liberados al precio de mercado.
El escenario se vuelve aún más complejo para las familias de la provincia si se tiene en cuenta la desregulación que el dictamen oficialista planea otorgarle a las compañías energéticas. La normativa vigente establece topes estrictos para evitar saltos abruptos en las facturas, un límite que está a punto de desaparecer.
“Hoy hay límites establecidos. Con este cambio se abre la puerta para que esos incrementos terminen llegando a la factura”, sostuvo la legisladora, advirtiendo que las empresas podrán trasladar sus aumentos de costos de forma directa al usuario.
Lo paradójico de la reforma, según expone la oposición, es que el sistema seguirá recaudando el mismo dinero de los contribuyentes, pero el destino de esos fondos será difuso. El fondo de Zona Fría se financia con un recargo del 7,4% que pagan los usuarios de todo el país, un aporte que continuará vigente. Al respecto, Freites fue tajante:
“El financiamiento sigue existiendo, lo que cambia es qué parte del sistema se subsidia y quién decide cuánto”.
El momento elegido para avanzar con esta reforma agrava la preocupación en la isla. Tierra del Fuego enfrenta el inicio del período invernal —donde el consumo de gas es una cuestión de supervivencia, no de confort— en medio de un contexto recesivo marcado por la pérdida de puestos de trabajo y una caída generalizada del consumo local.
Para la legisladora, modificar las reglas de juego de un derecho histórico en este contexto es una desconexión total con la realidad patagónica. «Esta herramienta nació para compensar las condiciones de vivir en regiones frías. Cambiar las reglas ahora genera incertidumbre sobre cuánto terminarán pagando las familias”, concluyó.
La batalla por el gas fueguino queda ahora bajo el foco del Congreso, en una discusión que promete transformarse en el principal eje de resistencia política de las provincias del sur.
