Un violento robo al cultivo solidario de la Fundación Terpenos del Sur, en Río Grande, dejó sin provisión de cannabis medicinal a más de 360 pacientes humanos y animales de toda la provincia. Los delincuentes destruyeron cámaras de seguridad, dañaron la huerta y sustrajeron 18 plantas destinadas a la elaboración de aceites y cremas, provocando la pérdida total de la producción anual y exponiendo la vulnerabilidad de quienes aún aguardan la aprobación del REPROCANN para poder denunciar y resguardar legalmente su trabajo.
Guillermo López Barrios, cultivador solidario de cannabis medicinal en Tierra del Fuego, denunció por Radio Provincia que su cultivo fue arrasado durante un robo que afectó a más de 360 pacientes humanos y más de 220 mascotas que dependen de estos tratamientos. En el ataque, ocurrido el fin de semana, destruyeron plantas, cámaras de seguridad, y parte de la infraestructura agroecológica que mantenían para producir aceites esenciales destinados a tratamientos médicos. López Barrios detalló que fue un daño rápido y con saña, que dejó pisoteadas muchas plantas y destruyó un «suelo vivo», afectando la producción casi lista para su cosecha, además de agredir a sus perros guardianes durante el asalto.
Barrios explicó que el cannabis medicinal que cultivan no es solo marihuana común, sino plantas con diferentes composiciones de cannabinoides específicas para distintas patologías en humanos y animales. Contó que trabajan con 17 genéticas diversas para producir aceites con distintos tipos de cannabinoides como THC, CBD y CBN. La destrucción de estos cultivos pone en riesgo la continuidad del tratamiento de muchos pacientes, ya que la producción puede tardar hasta seis meses en reactivarse debido a la falta de recursos para reconstruir la seguridad y las instalaciones dañadas.
El cultivador expresó su preocupación por la falta de apoyo oficial y la demora en la reglamentación provincial que permita que la fundación que representa tome la propiedad formal del cultivo, lo que complicaría la denuncia y las medidas de protección. Aunque la policía actuó rápidamente, López Barrios lamentó la falta de acompañamiento judicial y estatal, que podría ayudar a evitar la precariedad en la que trabajan y asegurar la continuidad de sus tratamientos solidarios. Hizo un llamado al Ministerio de Salud y a los legisladores para que apoyen la reactivación rápida del programa, que representa una ayuda fundamental para la salud fueguina, gravemente afectada.
Además, destacó el miedo y la vulnerabilidad en que quedaron él y su familia, sin seguridad ni apoyo tras el ataque, y la urgencia de encontrar un espacio seguro para salvaguardar las pocas plantas que sobrevivieron, puesto que legalmente no puede moverlas ni protegerlas adecuadamente. Pidió un compromiso real de las autoridades para que no solo reconozcan el valor del cannabis medicinal, sino que acompañen con acciones concretas la producción y el desarrollo de tratamientos accesibles para quienes lo necesitan.
