El concejal de Somos Fueguinos impulsa la interpelación de la secretaria Lorena Henriques Sanches. La lupa está puesta en la entrega discrecional de lotes, el desmonte de bosque nativo y un entramado de presuntos negocios inmobiliarios con tierras públicas que involucraría a sectores gremiales.
La crisis habitacional en Ushuaia ha dejado de ser solo un problema de falta de metros cuadrados para transformarse en un escándalo de papeles y despachos. El concejal Valter Tavarone (Somos Fueguinos) ha formalizado un pedido de interpelación contra la secretaria de Hábitat, Lorena Henriques Sanches, tras detectar lo que define como un esquema de adjudicaciones que esquiva la legalidad vigente para favorecer intereses particulares.
La denuncia de Tavarone no se limita a errores administrativos; apunta a una matriz de comercialización de tierras que, por ley, son inalienables. Según el edil, existen pruebas de que lotes municipales fueron «vendidos» de forma privada por particulares o asociaciones que habían recibido permisos precarios de ocupación.
«Se ha avanzado con urbanizaciones y adjudicaciones sin cumplir requisitos básicos, configurando un accionar manifiestamente ilegal», disparó Tavarone al fundamentar el pedido de explicaciones.
Lo más grave, según el expediente, es la posible connivencia política. El nombre del sindicato docente SUTEF y otros gremios locales resuenan en las denuncias como presuntos beneficiarios de acuerdos con la gestión de Walter Vuoto, obteniendo acceso a suelo urbano por fuera del Registro de Demanda Habitacional. Mientras miles de vecinos esperan hace décadas en el listado oficial, otros habrían saltado la fila gracias a su cercanía con el poder de turno.
Impacto ambiental y causas judiciales
El conflicto tiene también un eje ecológico crítico en los macizos 184 y 185 de la Sección J. Allí se habrían realizado tareas de desmonte y parcelamiento sobre bosque nativo protegido (Categoría II), ignorando la falta de Estudios de Impacto Ambiental y la ausencia de autorización provincial para el cambio de uso de suelo.
La justicia ya tomó nota de la situación. Existen causas abiertas por presuntas estafas de personas que aseguran haber pagado por terrenos que nunca pudieron escriturar, sumado a la filtración de audios que sugieren una red de intermediarios vinculados a estructuras sindicales y funcionarios municipales.
Para el cuerpo legislativo, la citación de Henriques Sanches es ahora una cuestión de integridad institucional. Los puntos que la funcionaria deberá aclarar ante el Concejo incluyen: La legalidad de las preadjudicaciones en zonas protegidas. Por qué se otorgaron tierras a personas que no cumplen con los criterios de prioridad. El rol del municipio ante las denuncias de venta de lotes fiscales.
En una ciudad donde el acceso a la tierra es un privilegio casi inalcanzable, la sospecha de que el Estado municipal funciona como una inmobiliaria selectiva erosiona la confianza pública. La interpelación busca determinar si el sistema de hábitat fue realmente «desbordado» o si, por el contrario, funciona exactamente como sus gestores planificaron.
