El abogado Francisco Giménez en comunicación con Radio Provincia habló sobre la situación que atraviesa el sector petrolero en Tierra del Fuego y aseguró que varios de los problemas que hoy afectan a trabajadores y empresas ya habían sido advertidos tiempo atrás.
“Lamentablemente los hechos que se sucedieron después vienen a confirmar lo que uno había dicho en base a un análisis técnico jurídico de la situación. No fueron declaraciones al azar”, afirmó.
Giménez cuestionó la incertidumbre en torno al traspaso operativo de áreas petroleras y señaló que, a pocos días de una supuesta transferencia, aún no existían definiciones claras ni diálogo con las pymes locales: “es absolutamente increíble que una operatoria de semejante tamaño… sin embargo, nada de esto sucede”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que dudaba de la concreción del proceso y alertó sobre el impacto que ya comenzaba a sentirse en el empleo. Según remarcó, entre 350 y 400 trabajadores de contratistas estaban atravesando desvinculaciones, retiros o acuerdos de salida.
“El panorama es absolutamente desolador en todo sentido”, señaló, y defendió el rol de las empresas fueguinas vinculadas al petróleo. “Nunca pidieron subsidios, siempre trabajaron, generaron empleo y cumplieron con la ley”, remarcó.
Para Giménez, la crisis actual se originó en decisiones políticas que buscaron resolver urgencias financieras sin medir consecuencias, porque “una provincia privilegió un ingreso inmediato para solucionar una coyuntura de caja sin pensar en el futuro de todos nosotros”, cuestionó.
Además, advirtió sobre el riesgo de cierres empresariales y la imposibilidad de afrontar indemnizaciones: “tengo miedo porque estoy viendo un candado con una cadena en los portones de las empresas”.
Críticas al Gobierno y a la Justicia
El letrado también cargó contra la conducción provincial y aseguró que “se ha perdido la agenda, se ha perdido el rumbo”. Según dijo, mientras la provincia enfrenta problemas estructurales, la dirigencia política ya piensa en las elecciones de 2027.
Por otra parte, se refirió a la situación de jubilados y ex policías con haberes impagos, y cuestionó con dureza al Superior Tribunal de Justicia: “hoy la justicia de Tierra del Fuego no le dio la razón a gente que cobra 2 millones de pesos diciéndole que tienen que probar que no pueden vivir con eso”.
Finalmente, el abogado consideró que la provincia atraviesa un momento crítico y reclamó reformas profundas en el sistema institucional: “la situación de Tierra del Fuego es terminal”, concluyó.
