La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego salió públicamente en defensa de su secretario general provincial, Carlos Córdoba, tras la condena a cinco años de prisión efectiva dictada por el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur en la causa por las 128 viviendas sociales en el barrio Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia. El dirigente gremial esta acusado de maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización de los habitáulos.
A través de un comunicado, la conducción provincial del gremio expresó su “acompañamiento, solidaridad y respaldo” al dirigente sindical y calificó la sentencia como una resolución “injusta”, al considerar que no refleja de manera integral lo debatido durante el proceso judicial.
Desde la organización destacaron la trayectoria de Córdoba al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores fueguinos y remarcaron que la condena aún no está firme, por lo que será revisada por instancias superiores. Además, sostuvieron que el propio dirigente colaboró con denuncias y presentaciones vinculadas a los hechos investigados.
ATE también confirmó que acompañará las acciones judiciales que impulse la defensa para revertir el fallo. “Confiamos plenamente en el derecho constitucional de defensa y en las garantías que amparan a toda persona sometida a proceso judicial”, señalaron.
En uno de los párrafos del documento, el gremio responsabilizó al Gobierno provincial por cualquier situación que pudiera afectar la integridad física, moral o institucional de Córdoba, al tiempo que hizo extensivo su respaldo a la familia del dirigente y a los afiliados que siguen de cerca el caso.
