La legisladora de FORJA apuntó contra el fallo de la jueza electoral que anuló la convocatoria a la reforma constituyente y lamentó la constante judicialización de la política provincial.
La anulación del decreto gubernamental que convocaba a elecciones constituyentes sigue generando réplicas en el arco político provincial. Tras el fallo de la jueza electoral, la legisladora de FORJA, Miriam Martínez, alzó la voz para cuestionar con dureza los argumentos jurídicos de la resolución y alertar sobre un escenario donde el debate político parece haberse mudado definitivamente a los tribunales.
En diálogo con Radio Provincia, Martínez confesó que el veredicto de la magistrada no la tomó por sorpresa en sí mismo, pero sí la inconsistencia de sus argumentos. «Me sorprendió el principal fundamento en que se basa para declarar la nulidad del decreto que firmó el gobernador de la convocatoria a la reforma de la Constitución», señaló la parlamentaria.
Para la referente de FORJA, la jueza electoral forzó una interpretación al ampararse en que la Corte Suprema de Nación aún debe resolver un recurso de queja. Martínez fue tajante al respecto: «Ella sabe perfectamente que eso no tiene efecto suspensivo, porque el Ministerio Público le dijo que no tiene efecto suspensivo. No puede dar ese fundamento para declarar la nulidad. Esto es la realidad».
La discusión sobre si es el momento adecuado para reformar la Carta Magna provincial es otro de los puntos que Martínez busca desmitificar. Ante el argumento opositor de que la provincia atraviesa urgencias más acuciantes, la legisladora admitió las dificultades, pero criticó el bucle discursivo en el que está atrapada la dirigencia.
«Sí, obviamente que hay otras necesidades, pero nosotros siempre estamos metidos en lo mismo también, que es el envío de la coparticipación, el goteo diario, la superposición de los proyectos y no terminamos más. Siempre estamos discutiendo lo mismo y nadie quiere resolver estas cuestiones de fondo».
Para Martínez, postergar la reforma bajo el pretexto de la crisis es una forma de obstrucción que desoye el mandato de las urnas. «Yo entiendo que sí es el momento. Si el pueblo es soberano para elegir entonces ¿Por qué no se le permite hacerlo?», cuestionó, tras señalar que se intenta desvirtuar la actividad política por vías indirectas. «El mandato popular crea la legitimidad cuando el pueblo te elige para ocupar una banca […], y la verdad es que nadie quiere perder».
Al ser consultada por las críticas de su par, el legislador Lechman —quien acusó al oficialismo de manejarse con una «doble vara»—, Martínez fue tajante al defender el proceso parlamentario que dio origen a la ley de reforma.
«No comparto absolutamente lo que dice», replicó. «Esta es una Legislatura que votó una ley y hubo acuerdos políticos con partidos de mucha representación. (…) Se aprobó sobre tablas, pero después comenzaron a judicializarlo». En ese sentido, lanzó un dardo directo a la estrategia de la oposición: «Lamentablemente se judicializa la política. Porque lo que no se puede ganar con lo conseguido con el voto, lo judicializa».
Con el calendario electoral encima, el panorama es de total incertidumbre. Martínez admitió no conocer los pasos inmediatos que dará el Ejecutivo provincial, aunque da por descontado que los asesores legales ya preparan la apelación. Sin embargo, advirtió que el factor temporal juega en contra: «Tampoco sé qué tiempos se tomará el Superior Tribunal, pero lo que sé es que los tiempos no nos dan a basto».
Al cierre de la entrevista, la legisladora abogó por desescalar el conflicto para evitar que la parálisis institucional afecte el día a día de los ciudadanos. «La idea es no darle continuidad a la confrontación política cuando ya hay casos en los cuales la intervención del legislador es lograr un diálogo acorde para no trasladárselo a la comunidad. La realidad es eso, porque esto ya está judicializado porque estos acuerdos que se rompieron nos llevaron a esta situación», concluyó.
