En una votación que reunió a sectores enfrentados entre sí, la Legislatura de Tierra del Fuego dejó sin efecto la convocatoria a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella.
El rechazo no fue marginal ni improvisado. Once legisladores de distintos espacios —desde el peronismo cercano a La Cámpora hasta La Libertad Avanza y bloques provinciales— confluyeron para derogar la ley que habilitaba la elección de convencionales constituyentes, prevista para el 9 de agosto. El oficialismo quedó reducido a apenas cuatro votos.
La maniobra legislativa se gestó en tiempo récord. El miércoles 29 de abril, Melella firmó el decreto de convocatoria. Menos de 48 horas después, en una sesión que se extendió hasta la madrugada del viernes, la oposición ya había construido una mayoría para bloquear el proceso. La iniciativa fue defendida en el recinto por el legislador Jorge Lechman, quien articuló los apoyos necesarios para voltear el proyecto.
Pese al revés, el Ejecutivo no se da por vencido. El jefe de Gabinete, Jorge Canals, confirmó que el gobierno avanzará por otras vías: “como dicen la gran mayoría de los constitucionalistas, nosotros entendemos que el proceso electoral constituyente está en marcha. No se puede tirar para atrás, es una norma especial. Vamos a vetar esta ley que ha aprobado la Legislatura y después iremos por el camino de la inconstitucionalidad”.
La reforma que impulsa Melella propone modificar más de 70 artículos de la Constitución provincial. Entre los cambios más relevantes aparecen límites a las reelecciones indefinidas de legisladores, la eliminación de cargos vitalicios en organismos públicos, un tope salarial atado al sueldo del gobernador y la digitalización del sistema administrativo.
El trasfondo del rechazo combina razones políticas y económicas. Los sectores que frenaron la iniciativa advierten sobre su costo —estimado en más de $8.000 millones— en un contexto marcado por déficit fiscal, conflictos docentes y la crisis de la obra social estatal (OSEF). Pero también hay una disputa más profunda: el reparto de recursos y el deterioro de acuerdos dentro del propio oficialismo.
La votación dejó al descubierto una ruptura que venía gestándose desde 2025. El frente oficialista, que había logrado mayoría legislativa tras la reelección de Melella en 2023, se fue resquebrajando hasta perder cohesión. La tensión con los municipios —por demoras en la coparticipación que, según fuentes políticas, rondan entre 11.000 y 12.000 millones de pesos— terminó de erosionar el vínculo.
Como si fuera poco, el mismo día del rechazo a la reforma, la Legislatura aprobó otra ley sensible: el envío automático y diario de fondos a los municipios, conocida como “ley de goteo”. Ese movimiento fue leído en la Casa de Gobierno como un golpe directo al manejo de recursos del Ejecutivo.
Aun así, el oficialismo apuesta a sostener la validez del proceso constituyente. Se apoya, entre otros argumentos, en la postura del constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostiene que una vez iniciado, el proceso no puede interrumpirse por decisión política, al tratarse de una norma especial.
El conflicto, lejos de cerrarse, recién empieza. Entre vetos, posibles judicializaciones y una interna peronista cada vez más expuesta, la reforma constitucional se convirtió en el eje de una disputa que reconfigura el poder en Tierra del Fuego.
