A casi dos meses de la intervención del puerto de Ushuaia, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia denunció la falta de información oficial y advirtió que la provincia quedó al margen de decisiones claves, pese a que la operatoria continúa con normalidad, “no ha cambiado nada… hay un silencio estampa mortal”, afirmó, al tiempo que cuestionó la medida nacional, alertó sobre el manejo de los fondos y ratificó que el reclamo sigue en la Justicia para que el control vuelva a Tierra del Fuego.
En declaraciones a Radio Provincia, Murcia sostuvo que desde la noche misma de la intervención solicitaron conocer el plan de trabajo y abrir una instancia de coordinación, pero nunca obtuvieron respuestas. Según relató, ese pedido se realizó incluso en presencia de funcionarios provinciales y equipos técnicos,“lo primero que le pedimos fue cuál es el plan de intervención… no tenemos ningún tipo de información”, insistió.
El planteo apunta a una situación que considera inédita: una operatoria que continúa con normalidad —“los barcos siguen viniendo”— pero con la administración y el control fuera del alcance de la provincia. En ese sentido, advirtió que los fondos generados por la actividad portuaria estarían siendo gestionados desde Buenos Aires, sin rendición ni detalles sobre su destino. “Sabemos por comentarios que están facturando en Buenos Aires… pero oficialmente no nos informan nada”, afirmó.
Murcia también puso el foco en el impacto laboral de la medida. Denunció que la mayoría del personal de la Dirección Provincial de Puertos no puede acceder a sus puestos de trabajo, con excepción de un grupo reducido habilitado por la intervención. En paralelo, aseguró que desde su espacio se enviaron notas formales solicitando información sobre la facturación, el manejo de los recursos y el esquema de intervención, sin obtener respuesta. Aun así, destacó que el Tribunal de Cuentas acompañó los reclamos administrativos vinculados a la cuestión económica.
El conflicto, según Murcia, ya trascendió el ámbito local y generó preocupación en otros puertos del país: “esto ha generado una alarma… porque tranquilamente les puede pasar a otros”, dijo, al tiempo que vinculó la situación con un posible avance sobre la autonomía provincial en materia portuaria. Hay un claro “avasallamiento al federalismo” frente a una actividad que históricamente fue transferida a las provincias.
Sobre el cierre, insistió en la falta de resultados concretos desde la intervención y cuestionó los argumentos esgrimidos hasta ahora,“van a cumplirse 60 días y no han hecho absolutamente nada… el puerto sigue operando normalmente y los fondos se van a otro lugar”, criticó.
