Agüero denunció que la Provincia adeuda $22 mil millones a la obra social

La delegada de ATE en OSEF, Elvia Agüero cuestionó con dureza la gestión del organismo, apuntó contra las decisiones políticas tomadas en los últimos años y aseguró que la situación actual responde, en gran parte, a deudas millonarias del propio Estado provincial.

“Estoy sorprendida, pero fijate en el momento que estamos. No sé si esto es un discurso más del 1 de marzo, con mucho fuego, artificio y queda ahí nomás”, planteó Agüero al analizar los anuncios del mandatario. Según remarcó, muchas de las problemáticas que hoy se mencionan públicamente ya habían sido advertidas por los trabajadores del organismo años atrás.

Por Radio Provincia, la referente sindical insistió en que las decisiones cuestionadas no fueron tomadas por el personal sino por funcionarios designados por el propio Ejecutivo. “Los que tomaron decisiones dentro de la obra social es el personal de confianza de él. Las decisiones las tomaron ellos, no nosotros”, afirmó.

En su diagnóstico, uno de los problemas centrales es la falta de pago de aportes por parte del Estado. Agüero sostuvo que el Gobierno provincial mantiene una deuda cercana a los 7 mil millones de pesos en concepto de contribuciones correspondientes, al menos, a diciembre del año pasado. “Esa deuda es de diciembre. O sea que estos tres meses siguió acumulando”, señaló.

A esa cifra se suman otros compromisos vinculados a prestaciones previsionales, que rondarían los 10 mil millones de pesos. De acuerdo con un informe interno de la contadora del organismo, el total adeudado por la Provincia y otras instituciones alcanzaría los 22 mil millones de pesos, mientras que la obra social arrastra compromisos con prestadores por unos 21 mil millones.

“Si ellos pagaran lo que corresponde por ley, la obra social o los afiliados tendrían un respiro”, afirmó. La dirigente describió un escenario crítico para los usuarios del sistema, con cortes de servicios y dificultades para acceder a medicamentos. “Hoy no es solo el sanatorio que está cortado. Vos vas a las farmacias que tienen convenio con la obra social y tenés que bajar tu cobertura al 40% para que te vendan una medicación”, explicó.

Agüero advirtió que los más perjudicados son los afiliados que atraviesan enfermedades o tratamientos prolongados. “Los únicos que pagamos los platos rotos acá somos los afiliados. Uno medianamente está sano y no está haciendo uso de la obra social, pero los que están enfermos padecen totalmente”, sostuvo.

La dirigente también recordó que desde hace años vienen denunciando situaciones irregulares en la relación con prestadores privados. En particular, mencionó el caso de un sanatorio al que acusó de cobrar valores por encima de lo estipulado en los convenios. “Hay un convenio que dice que nos tiene que cobrar un 10% de las prácticas y un 35 la consulta, y nos cobra por encima un 50% de lo que vale el seguro”, afirmó.

Según indicó, incluso existen denuncias presentadas ante las autoridades de la obra social para que se apliquen sanciones. Entre las prácticas cuestionadas, mencionó el cobro de consultas privadas cada cierta cantidad de turnos, algo que —aseguró— no está contemplado en los acuerdos vigentes.

En ese marco, Agüero consideró tardío el anuncio de auditorías sobre el funcionamiento del organismo. “Hola, siete años pasaron. Nunca estuvieron las auditorías”, cuestionó.

La dirigente también hizo referencia al dictamen del fiscal de Estado conocido recientemente, en el que se advierte sobre posibles irregularidades administrativas. “Dice en su dictamen que esto es una maniobra. En pocas palabras dijo que es un descontrol”, señaló.

Además, recordó denuncias previas vinculadas a compras con valores muy por encima del mercado. “Presenté en la Legislatura el año pasado que se pagó un medicamento 1.600% más”, afirmó.

Otro ejemplo que mencionó fue la contratación de una prepaga privada para cubrir afiliados en otra provincia, pese a que existía una deuda con la obra social de los empleados públicos de Córdoba. “Le pagábamos 20 millones por 1.200 afiliados y no le pagamos durante cuatro años. Le debíamos unos 600 millones”, relató.

Según explicó, en lugar de saldar ese compromiso, la obra social optó por contratar una empresa privada por unos 180 millones de pesos para cubrir a cerca de mil afiliados. “Era mejor en cuatro meses pagar lo que debíamos y continuar con la obra social de los trabajadores de Córdoba, que brindaba todas las prestaciones”, sostuvo.

Agüero insistió en que el financiamiento del sistema depende de los aportes de los trabajadores y de las contribuciones obligatorias del Estado. “La plata que ingresa a la obra social es la que le corresponde a los trabajadores. Por ley dice que esos aportes y contribuciones tienen que transferir el 12% de cada salario y no lo están haciendo”, remarcó.

En paralelo, anticipó que aportará documentación a la investigación que podría iniciarse en la Justicia a partir del dictamen del fiscal de Estado. “Yo le voy a acercar pruebas para sumar. Cuando digo algo lo digo porque tengo respaldo y tengo los papeles”, afirmó.

Finalmente, advirtió que la situación del organismo impacta directamente en la salud de los afiliados y expresó dudas sobre una solución inmediata. “La obra social hoy está ahogada. Para resucitarla tienen que pagar lo que deben”, concluyó.

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