En Península Mitre, un área protegida por ley para resguardar su biodiversidad, se multiplican las denuncias contra la Asociación Civil Conservación Península Mitre y su presidente, Adolf Imber. Vecinos y caminantes lo acusan de administrar cientos de hectáreas fiscales como si fueran de uso exclusivo, mezclando un discurso ambientalista con emprendimientos turísticos y ganaderos que no contarían con los planes de manejo exigidos.
En las últimas semanas, los testimonios se volvieron más graves: amenazas con armas de fuego, perros adiestrados para intimidar y un clima hostil para quienes transitan la zona. Lo que sorprende a los denunciantes es que, lejos de ordenar desalojos, las autoridades habrían otorgado custodia policial a los ocupantes. “Es seguridad para quienes avanzan sobre tierras de todos”, señalan, y apuntan a una posible complicidad de sectores del gobierno provincial.
La Secretaría de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego es uno de los organismos más señalados. No es la primera vez que enfrenta críticas: el uso de fondos públicos por cientos de millones de pesos generó fricciones con la Nación, que objetó la rendición por falta de documentación. Aquellos recursos fueron finalmente disueltos a través del Decreto 888/2024.
Mientras tanto, la tala de bosques, el cuatrerismo y la ausencia de controles ambientales conviven con el turismo de alto poder adquisitivo, la cría de ganado y la venta de carne —especialmente cordero— en restaurantes sin inspecciones sanitarias visibles. Todo esto en un territorio que, sobre el papel, es un santuario natural.
La indignación crece en las comunidades locales, que reclaman acciones concretas. Sin embargo, las respuestas oficiales siguen ausentes, y el contraste entre la protección que promete la ley y la realidad del terreno dibuja un escenario donde la “conservación” parece ser, cada vez más, solo un eslogan.
