El abogado Jorge Pintos confirmó una denuncia judicial que apunta a presuntas irregularidades en la entrega de terrenos en la zona conocida como Eco Pueblo, en Tolhuin. Según se explicó, la situación tiene origen en un reclamo ancestral de una familia local, cuyos derechos sobre esos predios datan de más de medio siglo y fueron reconocidos por el gobierno provincial, pero la documentación relevante desapareció inexplicablemente del municipio, lo que derivó en la entrega de estas tierras de manera irregular.
«Este es un expediente que viene de años atrás, y el Gobierno provincial había dictaminado legalmente que esas tierras correspondían a esta familia. Sin embargo, el municipio perdió la documentación y terminó entregando esos predios de forma irregular», explicó Pintos, quien agregó que los casos más visibles involucran la entrega de grandes extensiones de tierra, entre Hosterías reconocidads y con una zona estratégica a orillas del lago. “Se adjudicaron parcelas de siete hectáreas bajo la justificación de construir una casita de apenas 60 metros cuadrados, pero que en conjunto suman 21 hectáreas a nombre de una misma persona y sus sociedades”, detalló.
Pintos señaló que estas adjudicaciones se otorgaron durante la gestión municipal actual o reciente, y que hay al menos cinco funcionarios involucrados, junto con empresarios vinculados a la zona. «La justicia ha avanzado solicitando documentación, pero el municipio ha demorado e incluso ignorado órdenes judiciales. Hace unos meses la justicia ordenó la entrega urgente de los expedientes bajo amenaza de allanamiento para esclarecer este entramado», aseguró.
Además, el abogado indicó que la familia afectada, representada por Ubaldo Tardón, logró que la justicia le reconozca la titularidad de las tierras y emita una sentencia que impide al municipio seguir autorizando construcciones o trámites en el sector, orden judicial que no sería respetada plenamente. “Estamos impulsando medidas para frenar cualquier acción municipal que viole esta resolución judicial”, agregó.
Acerca de los implicados, Pintos mencionó la presencia de empresarios locales con negocios inmobiliarios en el lugar, e incluso funcionarios y personas con cargos judiciales, aunque aclaró que la información completa está en manos del municipio y aún no se ha podido confirmar públicamente la identidad de todos los involucrados. “Tenemos conocimiento de que hay funcionarios y jueces vinculados, pero estamos esperando que la Municipalidad entregue la documentación requerida para avanzar”, dijo.
Sobre la magnitud del problema, el abogado enfatizó la importancia de recuperar la propiedad y el control de las tierras: «Se trata de una superficie similar al Parque Industrial de Río Grande entregada de manera irregular ya precios irrisorios, beneficios para unos pocos en detrimento del derecho legítimo de la familia y del Estado. Esto configura delitos graves como abuso de autoridad y defraudación al Estado, que no prescriben mientras existan funcionarios involucrados», subrayó.
El caso estalló en la opinión pública luego de investigaciones previas y denuncias sobre corrupción en Tolhuin, pero según Pintos, mientras otras causas quedaron paralizadas por falta de pruebas, esta investigación judicial ha ido avanzando y promete llegar hasta las últimas consecuencias.
“Esperamos que la justicia, tan cuestionada en estos días, cumpla con su deber y resuelva rápidamente esta situación para que se haga justicia, no solo para la familia afectada sino para toda la comunidad”, concluyó Jorge Pintos, al tiempo que ratificó su compromiso de seguir trabajando hasta aclarar completamente esta trama de adjudicaciones ilegales y negociados en Tolhuin.
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