El legislador Jorge Lechman habló y defendió su presentación judicial contra la reforma constitucional e insistió en que su única motivación es «el respeto a la Carta Magna fueguina». El legislador presentó ante el Tribunal Superior de Justicia una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional aprobada en Tierra del Fuego, argumentando que la Ley 1529 viola expresamente la Constitución provincial. En su presentación, solicitó además una medida cautelar para detener la implementación de la reforma hasta que se resuelva su constitucionalidad.
Lechman defendió el derecho ciudadano a recurrir a la justicia para proteger la Carta Magna y subrayó que su reclamo no tiene motivaciones políticas, sino un compromiso. «Nadie puede sentirse ofendida porque uno recurra a la Justicia. Es un derecho, no solo mío, sino de cualquier ciudadano», remarcó.
El legislador cuestionó que en el reciente fallo judicial sobre la constitucionalidad de la Ley 1529 se lo aluda personalmente, pero subrayó: “Tengo un profundo respeto por cada uno de los tribunos, y jamás cuestionaría su formación, pero si algo está mal hecho, no podemos mirar para otro lado”.
En ese sentido, fue enfático al recordar la génesis del conflicto: «La Ley 1529 viola explícitamente la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego. Hicimos uso de nuestro derecho y recurrimos al Poder Judicial, porque entendemos —y estamos convencidos— de que es inconstitucional». Lechman puntualizó que el primer fallo judicial, al otorgar la medida cautelar, ya “resaltó las diferencias” entre la Constitución y la norma cuestionada. “Si algo se hace mal, hay que decirlo, porque, si no, cualquiera escribe cualquier cosa y no pasa nada”, razonó.
Sobre las críticas de politización, Lechman fue tajante al decir que «actúo por convicción y no tengo ninguna motivación partidaria. Nadie me manda a hacer esto. Yo he jurado defender la Constitución, y lo seguiré haciendo mientras esté convencido de que me asiste la razón».
Respecto a su vínculo con el gobernador Gustavo Melella, aclaró que es “excelente institucionalmente” y que está dispuesto a colaborar “si la provincia tiene un problema”, pero insistió: “Esto no es un problema personal ni político con el gobernador; es un problema de respeto a la Constitución”. Y volvió sobre la legitimidad del extraordinario ante el Tribunal Superior y, de ser necesario, la Corte Suprema: “La Constitución provincial y la nacional me lo permiten, y vamos a usar cada herramienta”.
Lechman no esquivó otro de los puntos en discusión, el plazo dado al Ejecutivo para convocar a elecciones. «Nos llama la atención que el fallo, en su punto cuatro, le asigna plazos al Ejecutivo, como si el Poder Judicial legislara. Además, mientras el fallo no esté firme, ese plazo no corre. Hay varios aspectos para analizar y otras instancias judiciales abiertas», subrayó.
A la hora de analizar el contexto social y político, el legislador fue autocrítico con la élite política: “Mientras tantos hablan de reformas y de reelecciones, en Tierra del Fuego hay madres que hoy no saben si podrán poner un plato de comida en la mesa”. Para Lechman, el eje debe estar puesto en “cumplir la Constitución, no en acomodarla a conveniencia”. Y recordó sus convicciones de larga data: “Antes de ser candidato yo ya decía que nuestra Constitución es joven, tiene muchos artículos sin reglamentar y lo urgente es cumplirla”.
Sobre la actuación y el rol de los cargos nacionales, Lechman deseó que diputados y senadores “sean representantes genuinos de Tierra del Fuego y no del partido que los llevó”, y evocó épocas en que “lo que importaba para todos, más allá de la ideología, era la provincia”.
El legislador también se refirió duramente a la presunta articulación de campañas difamatorias por parte de medios vinculados a personas privadas de libertad. Relató que ha recibido mensajes y presiones directas provenientes de personas recluidas —por delitos tan graves como la pedofilia—, quienes, según Lechman, operarían con la anuencia y complicidad de algunos funcionarios: “Es gravísimo que alguien preso por delitos de esta magnitud tenga acceso a redes y pueda canalizar campañas de difamación desde la cárcel, y más aún si hay funcionarios provinciales involucrados”.
Como cierre, Lechman dejó un mensaje a los fueguinos: «Detrás de mi persona están cientos de fueguinos que esperan que las cosas se hagan bien. A ellos les debo respeto y la obligación de actuar con seriedad, defendiendo la Constitución que todos juramos defender. No se trata de inventar enemigos, sino de hacer valer los derechos que nos corresponden y de exigir que quienes gobiernan sean custodios de la ley, no sus acomodadores», finalizó.
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