El abogado Jorge Pintos pidió la intervención del Colegio de Abogados y del Consejo de la Magistratura, tras brindar su visión sobre la situación en la Justicia de Tierra del Fuego, abordando temas de gravedad institucional y posibles irregularidades en torno al caso del juez penal Andrés Leonelli, investigado por presunta tenencia de pornografía infantil, y alertó sobre la trascendencia institucional del caso.
“Estoy al tanto en base a las noticias que salen. No intervengo en la causa, pero en su momento hice un comentario a través de Facebook, sorprendido por lo que se exponía públicamente. Me pareció que correspondía aclarar este tipo de cuestiones cuando hay causas de cibercriminalidad, donde la prueba debe ser tratada de otra manera. Estoy sorprendido por todas las derivaciones que surgen a raíz de esta situación y que bien están exponiendo periodistas como ustedes y otros medios. Lleva a una honda preocupación sobre cómo se está manejando el Poder Judicial de Tierra del Fuego. Es sorprendente y muy preocupante”, sostuvo.
Pintos volvió a criticar los argumentos del abogado Gustavo Ariznavarreta, “él dice que interviene como defensor de Leonelli. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es que sigue reconociendo que su cliente tenía material de contenido sexual. No interesa si es de una causa judicial o no, pero que sea una vieja causa judicial agrava la cuestión. Aun siendo juez, no puede tener material sensible de contenido sexual resguardado en su red propia, en su hogar o computadora personal”.
Debería intervenir el Colegio de Abogados de Ushuaia, dijo el especialista en ciberdelitos porque “aquel funcionario que deja su cargo y pasa a actuar de manera particular no puede intervenir en causas judiciales vinculadas a su anterior rol por cuatro años. No recuerdo si el doctor Ariznavarreta ya cumplió ese plazo. Si no, podría estar legalmente impedido de actuar en causas penales como esta. El propio Ariznavarreta debería verificar si ha cumplido los cuatro años, porque de no ser así, sería pasible de un llamado de atención o cuestionamiento por parte del Colegio.”
“Respecto a la casa de donde surgieron las fotografías, él dice que son 53 imágenes de una causa de 2016. En ese momento el Código Penal no penaba la tenencia; la ley cambió en abril de 2018. Desde entonces, la tenencia está penada. Pero ya lo dije antes: ningún abogado o juez tiene motivo para guardar fotografías de menores o material sensible de contenido sexual. Guardamos sentencias, pero no fotografías con contenido sexual.”
“La alerta que generó la denuncia es de abril de 2025. Eso significa que desde 2018 hasta 2025 el juez siguió teniendo esas imágenes en su poder, lo cual está penado. Disiento con mi colega sobre la interpretación del artículo 128 del Código Penal. No se puede interpretar la ley como uno quiera; hay límites dados por la jurisprudencia y la doctrina. El artículo dice: ‘el que a sabiendas tuviere imágenes de este tipo’. No importa el origen, sino el conocimiento y la tenencia.”
“En 2016 pudo haber pasado, pero la denuncia surge en 2025. El juez tuvo esas imágenes durante años. Es gravísimo y vergonzoso que haya surgido esto dentro de la justicia, involucrando a un magistrado. Más grave aún es lo que pasó después, con la apelación y la resolución de cámara, que derivaron en otras cuestiones.”
“Vi publicado que los camaristas son socios en negocios inmobiliarios. Por ejemplo, un edificio en calle Deloqui estarían Leonelli, el juez Fernández y la esposa del exjuez Gamas de Soler, se abren muchos interrogantes sobre esto, que son bochornosos para la justicia. Fernández, al ser socio de Leonelli, debió haberse apartado de la causa apenas la recibió. Esto amerita un jury.”
“No es un buen ejemplo para la sociedad fueguina. Es traumático, porque demuestra que hay personas en cargos que deberían ser impolutas, claras y transparentes. Sin embargo, se asocian para hacer negocios, vulnerando la ley, que solo permite la docencia como actividad adicional. Por debajo, se asocian en negocios inmobiliarios.”
Sobre la alerta de Google, el abogado advirtió “si se detectó que una máquina del Poder Judicial subió imágenes, Google debió alertar al Superior Tribunal y en Superintendencia, hayan recibido esa alerta. Eso amerita una investigación sumaria para saber qué hicieron al recibir la alerta. No se puede minimizar una alerta sobre imágenes de menores.”
“Si Fernández no se apartó y votó en la cámara, esa resolución sería nula. Solo habría un voto válido para impedir que se abra el teléfono. ¿Por qué negarse a abrirlo? El peritaje se hace con una herramienta forense que copia bit a bit el dispositivo; el operador no ve el contenido. No hay violación a la intimidad, porque solo se busca lo que la justicia ordena. Si la defensa no está presente, se puede suplir con dos testigos hábiles.”
“Todo ha sido muy raro. Llego a pensar que hay funcionarios judiciales que no quieren que se abra ese teléfono. Si ya devolvieron el teléfono, pudo haber sido formateado. En otros casos, como el de Quilmes, se detuvo a una funcionaria por formatear un celular y entorpecer la justicia. Si se destruyó la copia y se devolvió el celular, se puede ordenar de nuevo la pericia, pero el contenido pudo haber sido alterado.”
“Argentina firmó el Convenio Internacional de Lucha contra la Corrupción, que obliga a investigar hasta las últimas consecuencias. No cabe cerrar la causa solo porque se sabe de qué máquina salió el material. Hay que seguir investigando y el juez debe estar sometido a la investigación como cualquier ciudadano.”
“Es absolutamente grave. Deja una sensación muy fea para los profesionales del derecho, porque la justicia es el último recurso del ciudadano. Encontrar que hay una banda de personas que son socios en negocios y se cubren entre ellos es gravísimo.”
“El Consejo de la Magistratura puede abrir una investigación de oficio. Debería actuar el Colegio de Abogados, tanto por la actuación de Navarrete como por la de Leonel y Fernández. La reunión de la presidenta del Superior Tribunal con los camaristas es sospechosa. Hay jueces cuestionados que aparecen como socios en emprendimientos inmobiliarios, a veces a través de sus esposas. Eso da lugar a sospechas sobre el origen del dinero y posibles delitos como lavado de activos.”
“Espero que sigan investigando y publicando sobre esto, porque es gravísimo. No hace bien a la sociedad ocultar esta mugre; hay que sacarla a la luz”, cerró el letrado.
Radio Provincia
