La investigación contra el juez Andrés Leonelli, imputado por tenencia de material relacionado con abuso infantil, enfrenta un nuevo capítulo.
El pasado viernes 4 de julio, la Cámara de Apelaciones de Ushuaia decidió dejar sin efecto la orden para peritar un teléfono celular incautado durante los allanamientos vinculados a Leonelli. Esta medida, firmada por el juez Civil y Comercial Alejandro Fernández, ha desatado una ola de críticas y sospechas debido a la estrecha relación comercial que Fernández mantiene con el magistrado investigado.
Según fuentes cercanas, Fernández y Leonelli serían socios en varios emprendimientos inmobiliarios en Ushuaia, incluyendo un proyecto en construcción sobre la calle Deloqui. Esta vinculación plantea un conflicto de intereses evidente, que debería haber llevado al juez Fernández a apartarse de la causa para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso. La falta de ese paso genera preocupación y abre la puerta a posibles acciones disciplinarias, como un jury de enjuiciamiento, por presunta falta de neutralidad.
Lo que agrava aún más la situación es la ausencia de una explicación clara y fundamentada sobre las razones que motivaron la anulación del peritaje. El teléfono en cuestión podría contener evidencia crucial, como fotografías u otro material sensible que ayude a esclarecer los hechos. La suspensión de este análisis alimenta las sospechas de sectores judiciales y organizaciones que inicialmente denunciaron el caso, quienes temen que se trate de una maniobra para ocultar información y dilatar el avance de la investigación.
El caso ha trascendido las fronteras locales, ya que organismos internacionales fueron los primeros en alertar sobre la existencia de material de abuso infantil vinculado a Leonelli. Esto añade una dimensión de gravedad institucional y pone en jaque la credibilidad del Poder Judicial fueguino.
La sociedad y la comunidad jurídica observan con creciente inquietud cómo este entramado de intereses podría estar priorizando la protección de un magistrado por encima de la justicia y la verdad. En un momento donde la confianza en las instituciones es fundamental, este episodio pone en evidencia la urgente necesidad de mecanismos claros que garanticen la transparencia y la responsabilidad en la administración de justicia.
