Una denuncia derivada de una alerta de Google puso bajo investigación al juez penal de Ushuaia, Andrés Leonelli. El allanamiento fue ordenado por la jueza federal María Cristina Barrionuevo. La defensa asegura que los archivos son parte de expedientes judiciales.
En el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso infantil, este miércoles se realizaron allanamientos en el despacho y el domicilio particular del juez penal de Ushuaia, Andrés Leonelli. La orden fue librada por la jueza federal María Cristina Barrionuevo, a raíz de una denuncia penal iniciada por Google Argentina, que activó sus protocolos tras detectar imágenes “sensibles” en una cuenta en la nube vinculada al magistrado.
El caso —todavía en etapa preliminar— se originó por una alerta emitida por la compañía tecnológica meses atrás. Google identificó contenido sospechoso en la nube personal del juez y, tras enviarle una advertencia, procedió a cancelar su cuenta. Leonelli, según el abogado defensor Gustavo Ariznavarreta, respondió por escrito argumentando que el material era parte de causas judiciales que investigaba, pero nunca recibió una respuesta.
“Leonelli contestó explicando que era material profesional por su condición de juez penal: fotos o videos de causas que investigaba, como autopsias, homicidios o abusos sexuales”, explicó el abogado.
Los allanamientos se llevaron a cabo en Ushuaia, tanto en la vivienda particular del magistrado como en su oficina en la Cámara de Apelaciones Penal. Se incautaron dispositivos electrónicos para peritajes forenses, aunque según el defensor, “hasta ahora, solo un teléfono tendría relación con la nube en cuestión”.
Una práctica común, pero sin protocolos claros
El abogado insistió en que no hay intención delictiva: “El Código Penal castiga a quien posea este material sabiendo su origen ilícito. Pero si un médico forense guarda fotos de una víctima de abuso, no lo hace con fines pornográficos, sino profesionales”.
Ariznavarreta admitió que subir ese tipo de información a una nube personal puede haber sido un “error”, pero remarcó que no hubo distribución, ni circulación del contenido. “Google no distinguió el contexto. Leonel lo aclaró, y ellos ni siquiera le contestaron”, afirmó.
Además, el defensor señaló un problema estructural en el sistema judicial: “no hay una nube institucional. Los jueces, fiscales o defensores guardamos material en pendrives, laptops o hasta fotocopias en casa. Es una realidad del sistema digitalizado, pero sin garantías de seguridad”.
En ese sentido, rememoró su experiencia como defensor público: “llevaba expedientes a mi casa. Si me robaban el auto con esas fotos, quedaban expuestas. Es un riesgo que siempre estuvo”.
Silencio institucional y tensiones legales
A pesar de la gravedad de la acusación, Leonelli continúa en funciones. Desde el Superior Tribunal de Justicia aún no hubo un pronunciamiento oficial. La defensa considera que no correspondía comunicar el conflicto previamente: “era un tema privado, vinculado a un servicio comercial”.
Ariznavarreta también cuestionó el abordaje judicial al decir que “esto no es un delito federal. La pornografía infantil, en este contexto, se trata como derecho común”, explicó, justificando así que la causa siga su curso en la órbita provincial.
Según la normativa vigente, el artículo 128 del Código Penal sanciona la tenencia de material de abuso infantil salvo que exista justificación laboral clara. En este caso, será clave determinar si el archivo digital alojado en la nube del juez formaba parte de una investigación penal en curso y si su almacenamiento en esa plataforma era razonable o negligente.
Lo que viene
“Mañana accederemos al expediente para analizar las pruebas”, anticipó Ariznavarreta. Mientras tanto, el caso pone en discusión la falta de protocolos seguros para el manejo de pruebas judiciales sensibles y reaviva el debate sobre los límites entre lo profesional y lo penal en la era digital.
“La salud del sistema depende también de cómo protegemos la información”, concluyó el abogado, en medio de una causa que recién comienza, pero que ya sacude a la justicia fueguina.
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