El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dispuso la libertad de Hipólito Carlos Córdoba, dirigente de ATE condenado a cinco años de prisión por 22 estafas vinculadas al frustrado plan de viviendas de Barrancas del Río Pipo, mientras avanza la revisión de su sentencia.
El fallo, resuelto por los jueces Javier Darío Muchnik, Ernesto Adrián Löffler, Edith Miriam Cristiano y Carlos Gonzalo Sagastume, contó con dictamen fiscal favorable del Dr. Eduardo Urquiza. El tribunal consideró que el de juicio había omitido valorar la conducta de Córdoba durante todo el proceso, en el que nunca se verificó un peligro de fuga concreto ni riesgo de entorpecimiento de la investigación. La resolución se respaldó en los criterios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en materia de prisión preventiva en los fallos «Donamaría» y «Loyo Fraire».
El abogado Raúl Paderne, quien junto a Maximiliano Hércules asumió la defensa tras la condena, explicó que el planteo se apoyó en que la sentencia todavía no está firme. «Todo bien que haya una condena, después analizaremos por separado el tema condena, que ahí hay mucho para cortar. Pero, esencialmente, tiene el derecho a estar en libertad porque el principio de inocencia no ha sido vulnerado», sostuvo. Paderne remarcó además que Córdoba «siempre estuvo a derecho» y se presentó ante cada citación judicial.
La defensa presentó un recurso de casación contra la condena y plantea que buena parte del proceso es nulo, a partir de una presunta falla procesal del Instituto Provincial de Vivienda al cierre de la instrucción. «Todo ese proceso está viciado de nulidad», afirmó Paderne, quien confirmó que ese planteo ya fue incorporado a la estrategia judicial mediante una queja ante el Superior Tribunal.
