La representante de la asociación ambientalista Manekenk, Nancy Fernández habló de su lucha para preservar la Ley 1003-55, que protege el Mar Patagónico, en medio de una polémica que envuelve a la Legislatura provincial. Fernández denunció irregularidades graves en el proceso legislativo que intentó modificar esta norma y cuestionó la transparencia y legitimidad de las gestiones involucradas.
“No hemos tenido ninguna información concreta. Presentamos la denuncia formal hace tiempo por el incumplimiento de la reglamentación de la ley, y pese a que otras 20 organizaciones latinoamericanas también apoyan nuestra postura, seguimos sin respuesta”, afirmó Fernández. Acusó a los legisladores responsables de realizar una reunión irregular, que calificó como “una juntada de amigos”, sin respetar los procedimientos establecidos ni la publicidad necesaria. “No es un dictamen legítimo, faltaron la mayoría de los legisladores y hubo acciones plagadas de irregularidades. Incluso se desalojó la sala sin votación, cuando la ley es clara al respecto”, explicó.
La dirigente destacó que la legisladora Colazo tuvo que renunciar debido a ese manejo fraudulento, y calificó su expulsión como “un acto de traición a la investidura y a la gente que votó por ella”. Criticó duramente a otros diputados que, en un gesto que tildó de “surrealista”, firmaron el dictamen oficialista contrario a su propio proyecto. “Esto no tiene explicación racional, es una falta de ética tremenda”, declaró.
El conflicto trasciende el plano legislativo e involucra al Consejo de Medio Ambiente, que se reunió la última semana para analizar la ley y quien por unanimidad rechazó las modificaciones propuestas, respaldando la normativa vigente. Fernández relató que la Municipalidad de Ushuaia no estuvo presente en esa reunión por un recambio en la Secretaría de Ambiente y agregó que tanto las municipalidades como la Secretaría coincidieron en que aún no tienen herramientas ni normativas internas suficientes para encarar los cambios.
“El proyecto del Ejecutivo modifica la autoridad de aplicación de la Ley de Aguas, pero la ley establece claramente que solo puede haber una autoridad. Pretender lo contrario es inconstitucional”, advirtió Fernández, remarcando que el derecho medioambiental debe regirse por reglas claras y respetadas para evitar conflictos.
Otro punto que resaltó fue la contradicción dentro del propio gobierno provincial, donde simultáneamente se impulsa un Plan de Agricultura Provincial junto al CFI, auspiciado por la Subsecretaría de Pesca, mientras que al mismo tiempo se promueve la modificación de leyes que podrían perjudicar el medio ambiente. “Esto es una provocación para la comunidad, una falta de coherencia total”, dijo.
Ante la incertidumbre sobre los próximos pasos legislativos, Fernández avisó que están preparados para enfrentar judicialmente la situación asesorados por abogados, y mantendrán informada a la comunidad. “No estamos haciendo un show mediático, esta es una lucha seria, porque el futuro de nuestra provincia y la conservación de nuestros recursos naturales está en juego”.
Esta batalla se enmarca en un contexto donde más del 60% de la población fueguina se opone a la instalación y expansión de salmoneras en la región, buscando un modelo productivo alternativo que garantice empleo genuino y respeto ambiental. Fernández reiteró: “Los fueguinos quieren otro futuro, con trabajo real y desarrollo sustentable, no un modelo depredador ni precario. Esto solo puede lograrse con diálogo, inteligencia y respeto a la comunidad, no imponiendo decisiones de espaldas a ella”.
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