El reclamo de los trabajadores de la Dirección Provincial de Energía (DPE) en Ushuaia llegó a un punto de quiebre. Así lo expresó el dirigente del Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia, Leonardo Brangeri, al explicar por qué este lunes decidieron dejar de intervenir en líneas energizadas hasta que se reconozca formalmente la tarea que realizan como actividad riesgosa.
“Hace casi nueve años que venimos con este tema del reconocimiento de la tarea peligrosa. Ushuaia es el único lugar del país donde no está reconocido”, afirmó con firmeza. La bronca estalló después de que la Caja de Previsión Social respondiera por escrito que sus labores debían considerarse como “tareas normales”, pese a que existe una resolución del Ministerio de Trabajo que las califica de riesgosas.
Para los trabajadores, esa decisión fue la gota que colmó el vaso, “es una tomada de pelo», aseguró. «Venimos cumpliendo todos los pasos, participamos de una comisión, conseguimos resoluciones que lo reconocen. Y que ahora nos digan que es un trabajo común es inadmisible”, explicó.
El dirigente recordó que incluso en Tolhuin el mismo reconocimiento ya fue aplicado: “Allá se resolvió sin problemas. La única diferencia son dos palabras en una resolución. No puede ser que por eso tengamos compañeros esperando cuatro años para jubilarse. Evidentemente hay dejadez política”.
La medida que adoptaron no fue presentada como un paro clásico. “No lo vivimos como una medida de fuerza, sino como una manifestación clara para ser escuchados. Los compañeros decidieron no tocar más un cable hasta que se reconozca la peligrosidad de la tarea. Entendemos que el servicio es esencial, siempre lo cuidamos, pero ya no tenemos otra herramienta para que nos escuchen”, enzatizó.
El conflicto tiene raíces más profundas: la falta de insumos, las tensiones en torno al futuro de la DPE y rumores sobre posibles privatizaciones. “Cuando se discutió el proyecto de ley en la Legislatura, ya lo advertimos. Si se crea una empresa público-privada como Reunir, los controles cambian, se pierde transparencia y para el usuario no mejora nada. Al contrario, sería peor”, advirtió.
El propio Brangeri señaló que la situación de precariedad se agrava con decisiones del gobierno: “La semana pasada nos llegó un pedido para que la DPE pague el combustible de la generación en Zulia, cuando es un contrato en el que no tenemos nada que ver. Así nos quieren cargar gastos que no corresponden”.
Mientras tanto, la realidad golpea todos los días. El domingo una falla en la subestación dejó sin luz a parte de la ciudad y a Tolhuin, “son cosas que pueden pasar, pero cuando te agarran sin materiales ni insumos se complica mucho más. Eso muestra también lo riesgoso de nuestra tarea”, sostuvo.
El reclamo de los trabajadores de la DPE no es nuevo, pero la paciencia parece haberse agotado. “Hay una resolución vigente que reconoce nuestra labor como riesgosa y la Caja no la aplica. Es un círculo donde todos se pasan la pelota y nadie se hace responsable. No es tan difícil de solucionar, es cuestión de tener ganas”, cerró el dirigente.
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