“La Justicia está en estado terminal”, afirmó el abogado Francisco Giménez, sin rodeos. Su análisis no se limitó a tecnicismos jurídicos, sino que interpeló a la sociedad fueguina, a la dirigencia política y a una estructura judicial que, según él, ha perdido el rumbo.
“No podemos pretender tener un Poder Judicial ausente de toda discusión política. El problema es cuando empieza a jugar partidariamente para un lado o para el otro”, expresó Giménez y arremetió contra lo que considera un entramado de poder encapsulado, alejado de la ciudadanía y funcional a intereses que no son los del pueblo.
Para el abogado de Río Grande, la crisis no es solo institucional sino también operativa, ya que “es una crisis de eficiencia y de prestación del servicio. Hoy la Justicia está de vacaciones para algunos temas y activa para otros, dependiendo de la coyuntura política”.
Giménez se preguntó, por ejemplo, cómo es posible que causas judiciales de corrupción estén cajoneadas por años, mientras que otras que favorecen al poder político “avanzan con una velocidad inusitada”. “Si mañana el Superior Tribunal de Justicia saca un fallo diciendo que el proceso eleccionario estuvo bien, ¿qué hacemos con todo este año y medio de parálisis política que provocaron? ¿Van a decir que no pasó nada?”, cuestionó.
También puso el foco en la falta de consecuencias para jueces que demoran expedientes cruciales o que, según él, operan con una vara distinta según el poder político de turno: “un juicio que demora años, un trabajador que espera cinco años una indemnización o un padre que espera por la tenencia de sus hijos no es solo un problema legal, es una tragedia social”, subrayó.
Además, el abogado reveló haber sido objeto de una investigación por lavado de activos como represalia por su activismo, “a mí me investigaron por tener un club de polo. Me pidieron oficios a todas partes, me dieron vuelta la vida. No me quejé, pero eso demuestra cómo se usa el poder judicial para castigar selectivamente”.
Giménez sostuvo que Tierra del Fuego necesita recuperar soberanía popular sobre el sistema judicial: “hoy la Constitución le prohíbe a cualquier legislador modificar el sistema judicial y solo lo puede hacer el Superior Tribunal de Justicia y eso no es democrático”.
“Hemos llegado a un punto en el que los jueces tienen más poder que cualquier otro funcionario, pero ninguna obligación real de rendir cuentas”, enfatizó.
Finalmente, propuso que la posible reforma constitucional que está en debate incluya el capítulo del Poder Judicial, porque “nos animamos a tocar al gobernador, al Tribunal de Cuentas, a los municipios, pero nadie se atreve a revisar el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué no permitir que el pueblo decida cómo quiere que funcione?”
Para Giménez, el desafío es generacional: “nosotros como generación fracasamos. Pero al menos dejémosle a nuestros hijos estructuras más transparentes. Si no, esto no cambia más”.
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