La legisladora Natalia Gracianía defendió la iniciativa de La Libertad Avanza para modificar la Ley 1355 y abrir la puerta a la actividades acuícolas en Tierra del Fuego, mientras cuestionó con dureza la falta de claridad en la gestión de la OSEF: «nos vamos con más dudas que certezas».
En una jornada legislativa intensa y con momentos de alta tensión, la legisladora del espacio La Libertad Avanza) expuso públicamente su postura sobre dos temas candentes que atraviesan el debate político fueguino: el proyecto para permitir el desarrollo de salmoneras en la provincia y la profunda crisis que atraviesa la obra social estatal (OSEF).
Durante su intervención en la comisión de Recursos Naturales, Gracianía ratificó el acompañamiento de su bloque al proyecto que busca modificar la Ley Provincial 1355 y permitir el desarrollo de la actividad acuícola con sistemas cerrados RAS. «El proyecto no tiene otro objetivo que fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura, pudiendo maximizar los beneficios económicos, garantizando, por supuesto, y promoviendo todo tipo de impacto ambiental», afirmó.
Según explicó, el eje del proyecto es habilitar esta producción en condiciones controladas, sin que esto signifique habilitar el cultivo en áreas sensibles. «No estamos de acuerdo con destruir el medio ambiente para promover una actividad económica. Pero tampoco estamos de acuerdo con prohibir una actividad económica por cuestiones ambientalistas extremas», sostuvo.
Consultada sobre los temores sociales de que esta modificación pueda habilitar la instalación de salmoneras en el Canal Beagle, la legisladora fue contundente: «la actividad no se realiza en el Canal Beagle y se prohíbe el cultivo de salmón en aguas lacustres y marítimas de Tierra del Fuego», subrayó, y agregó que «el proyecto no deja librado al azar que cualquiera venga a invertir sin control».
Respecto a la posibilidad de realizar una consulta popular, Gracianía aclaró que «por lo menos nosotros desde nuestro bloque no lo tenemos planteado como una posibilidad. Ayer algunas organizaciones, especialmente pueblos originarios, manifestaron la necesidad de ser consultados. No sabemos si esto será instrumentado por el Ejecutivo».
En paralelo, la legisladora también participó en la comisión que abordó la situación crítica de la obra social OSEF, donde se presentaron autoridades del directorio. Gracianía se mostró preocupada porque «nos quedamos con más preguntas que respuestas. Hablamos de una deuda mensual de 5 mil millones de pesos y no tienen siquiera un número claro de cuánto se debe a los prestadores”, cuestionó.
La legisladora también apuntó a la falta de ajustes profundos: “pregunté si han hecho algún tipo de ajuste. Me dijeron que dejaron de alquilar archivos y que no compran papel. Pero sinceramente no queda claro que se hayan realizado los ajustes necesarios”.
Una de las críticas más duras apuntó al proyecto de ley que propone inyectar fondos extraordinarios desde el Tesoro Provincial, ya que entiende que no se puede «dar un cheque en blanco en un proyecto que habla en términos abstractos. Estamos hablando del dinero de todos los fueguinos”.
Sobre el cierre, Gracianía expresó una sensación compartida por muchos: “parece ser un cuento de nunca acabar. Un agujero negro que no hay plata que alcance para sostenerlo. Si ahora le inyectamos fondos nuevamente, estaríamos otra vez votando un parche”.
Mientras se espera una nueva reunión de comisión para tratar el dictamen oficialista, la discusión continúa en un clima de tensión creciente y con la mirada atenta de distintos sectores sociales, políticos y ambientales de la provincia.
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