En una reunión de comisión marcada por la pluralidad de voces y la tensión, representantes de distintos sectores sociales, científicos, productivos e institucionales debatieron sobre la propuesta que busca modificar la Ley 1355 para habilitar la acuicultura en Tierra del Fuego. Sin embargo, el eje del encuentro giró abruptamente cuando el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto del que ni los propios legisladores estaban informados.
“Queremos agradecer públicamente a la presidenta de la Comisión porque convocó a todos los sectores. Estaban productores acuícolas, el señor Valdez, el clúster de pesca, el pueblo indígena, organizaciones científicas, ONGs, legisladores. Fue una reunión muy plural”, destacó la ambientalista Nancy Fernández, quien remarcó que, pese al tono cordial, las discusiones fueron intensas.
La sorpresa mayor llegó cuando el Ejecutivo introdujo una propuesta nueva que no había sido presentada por los canales formales. “Lo que generó más molestia fue que apareció un nuevo proyecto que no había sido informado a los legisladores. Nadie sabía de qué se trataba”, denunció Fernández. “Si hay otro proyecto, se presenta por las vías normativas como lo establece la Constitución. Eso nos incomodó a todos”.
Los asistentes cuestionaron la falta de fundamentos sólidos detrás de la iniciativa: “Se mencionaba la evaluación ambiental estratégica como si fuera la solución mágica, pero no sabían cuántas empresas están interesadas, ni cuánta mano de obra generaría, ni el impacto ambiental. Parecía una discusión entre quienes fuimos preparados con argumentos científicos y legales, y quienes vinieron con suposiciones”.
La exposición del exdiputado Gastón Roma también fue objeto de fuertes críticas. “Alguien miente, evidentemente. Porque el subsecretario que estuvo ahí dijo que no había ningún proyecto. Si Roma habló con el gobernador y le entregó una carpeta, lo hizo por la ventanilla equivocada”, ironizó. “Lo que está ocurriendo es de manual: las salmoneras usan políticos para meterse en los territorios. Es lo que pasó en Chile y es lo que estamos viendo acá”.
El reclamo por la falta de reglamentación de la ley vigente fue otro punto central. “La Constitución establece 90 días para reglamentar una ley. Pasaron cuatro años y no pudieron reglamentar tres artículos. ¿Cómo van a controlar una actividad de alto riesgo si no tienen ni botes, ni buzos, ni estructura operativa?”
Pese al clima de incertidumbre, la reunión cerró con un cuarto intermedio. “El Ejecutivo debe presentar formalmente su proyecto, si es que realmente existe. Y si lo presentan, se debatirá como corresponde”, aclararon. Mientras tanto, las organizaciones seguirán informando a la población. “Tenemos muchos estudios. Que la gente se informe antes de tomar posición, es lo mejor que podemos hacer”.
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