El gabinete de Walter Vuoto calificó de «positivo» que el Ejecutivo fueguino admitiera los atrasos financieros. Aunque priorizan el diálogo de cara a la reunión del 16 de junio, advierten que si no hay un cronograma formal evalúan recurrir a la Justicia.
El conflicto por los fondos coparticipables entre la Provincia y los municipios sumó un capítulo clave tras la última mesa técnica. Desde la Municipalidad de Ushuaia salieron en sintonía a marcar la cancha: consideran que la convocatoria del Gobierno fue, en los hechos, un «blanqueo» de la millonaria deuda que mantiene con las administraciones locales y que, en el caso de la capital, ya ronda entre los 12 y 14 mil millones de pesos (llegando a 31 mil millones si se suma a Río Grande).
La jefa de Gabinete municipal, Yésica Garay, fue tajante al señalar que el reclamo dejó de ser una postura unilateral de la ciudad para convertirse en una realidad admitida por el Ejecutivo provincial. «Blanqueó que la deuda que venimos exigiendo existe; de otro modo no nos hubieran convocado para ver cómo encontramos un consenso», afirmó. Aunque desde los despachos provinciales prefieren hablar de un «atraso en el proceso de transferencia», Garay retrucó: «Es una deuda porque, en definitiva, recibieron los recursos de Nación y no los transfirieron».
Si bien el municipio se comprometió a mantener la prudencia para garantizar la previsibilidad financiera y la continuidad de los servicios públicos, Garay dejó una advertencia sobre la mesa: si el diálogo no prospera, el siguiente paso será la judicialización.
Compromiso de transferencias los viernes y tregua hasta junio
Por su parte, el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, aportó detalles sobre los compromisos inmediatos que asumió el Ministerio de Economía provincial para frenar la escalada del conflicto y llevar alivio a las arcas locales antes del pago de aguinaldos.
Según explicó el funcionario, la Provincia se comprometió a no seguir generando deuda nueva y a reactivar un mecanismo de transferencias semanales todos los viernes para empezar a achicar el saldo pendiente.
«Fue positivo el diálogo y los compromisos asumidos para garantizar los recursos que permitan afrontar obligaciones con los trabajadores y proveedores, como UISE y Agrotécnica Fueguina», destacó Iriarte, aunque mantuvo una postura de cautela. La fecha límite para pasar de las promesas a los papeles ya está fijada: el próximo 16 de junio las partes volverán a sentarse para formalizar el cronograma definitivo de pagos.
