La reciente decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego encendió las alarmas en el movimiento ambientalista provincial. Lo ocurrido el 15 de diciembre de 2025, con la modificación de la Ley Nº 1355, fue interpretado por la asociación Mane’Kenk como un serio retroceso en materia institucional y ambiental. La norma, aprobada en 2021, había convertido a la provincia en un caso testigo al impedir el avance de la salmonicultura para resguardar los ecosistemas acuáticos.
Desde la organización sostienen que la reforma se impulsó sin respetar los acuerdos sociales y científicos que habían dado sustento a la legislación original. En un comunicado, cuestionaron la metodología empleada para avanzar con los cambios, a la que calificaron de cerrada y poco participativa, y advirtieron que el procedimiento debilitó la calidad democrática y desarticuló un esquema de protección ambiental respaldado por universidades, especialistas y organizaciones de todo el país.
El accionar legislativo fue uno de los principales focos de crítica. Mane’Kenk señaló la falta de un debate exhaustivo y la ausencia de informes técnicos de organismos estatales que avalaran la iniciativa. La votación favorable estuvo a cargo de los legisladores Lapadula (Provincia Grande), Greve y Martínez (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Pino y García (PJ), y Seltzer y Gracianía (La Libertad Avanza). Según remarcaron desde la ONG, ninguno de ellos aportó información concreta que respalde las promesas de generación de empleo ni certezas tecnológicas sobre el desarrollo de la actividad.
También apuntaron contra el Poder Ejecutivo provincial, al que acusan de haber dejado de lado tres informes técnicos elaborados por áreas internas del propio Gobierno. Esos dictámenes, realizados por especialistas en biodiversidad y recursos hídricos, desaconsejaban expresamente habilitar la actividad salmonera y alertaban sobre un riesgo clave: que el uso industrial del agua termine desplazando el consumo humano, en contradicción con la Ley Provincial de Aguas.
El malestar se profundizó por los cambios de postura de algunos dirigentes. En particular, Mane’Kenk cuestionó al legislador Matías Lapadula, quien en el pasado había advertido que la salmonicultura implicaba “hipotecar el futuro” de Tierra del Fuego y, sin embargo, terminó acompañando la modificación de la ley. Para la asociación, este viraje refleja la incidencia de intereses económicos que logran imponerse por encima de posicionamientos previos.
Antes de la sesión, el tratamiento en comisiones ya había generado controversias. La ONG denunció irregularidades en la firma de dictámenes, que no se hicieron públicos hasta que una resolución judicial ordenó su difusión. Ese contexto derivó en una serie de renuncias de peso: María Laura Colazo dejó la presidencia de la Comisión Nº 3, mientras que Andrea Bianchi y Ayelén Boryka abandonaron sus cargos en la Secretaría y Subsecretaría de Ambiente, respectivamente, en señal de desacuerdo con la orientación adoptada.
Finalmente, Mane’Kenk advirtió que la nueva redacción de la ley presenta inconsistencias técnicas que abren un escenario de incertidumbre jurídica. Entre los aspectos más cuestionados mencionaron el traslado de competencias de control ambiental a la Secretaría de Pesca y el uso de conceptos imprecisos sobre la supuesta sustentabilidad de las tecnologías previstas. Frente a este panorama, la organización confirmó que recurrirá a la vía judicial con el objetivo de restablecer la prohibición original y frenar el avance de la actividad salmonera en la provincia.
