Graciela Trejo, quien es profesora y padece una enfermedad oncológica terminal, relató por Radio Provincia, la odisea que atraviesa, ya que no puede cobrar sus haberes y a su hija le fue quitada la pensión RUPE por considerar que sólo tiene un 10% de incapacidad, cuando padece retraso mental desde hace 20 años. «Soy víctima de una enfermedad terminal y de la burocracia», dijo.
Graciela relató que desde setiembre que no cobra su salario, «nosotros como empleados provinciales tenemos un reglamentación que dice que uno puede tomar una licencia por largo tratamiento donde tenemos un máximo cuatro años para tomarla y establece que en el primer año cobramos el 100% del sueldo , en el segundo y tercero un 75% y en el cuarto nos resguardan el puesto de trabajo durante un año pero no nos pagan haberes, así que no estoy cobrando mi sueldo».
«Yo lo entiendo, pero como soy jefa de familia y tengo a cargo dos hijas , pedí una excepción al Ministro de Educación para que este cuarto año se me pague. Se inició el expediente en diciembre del año pasado y estamos a julio de 2017. El 19 de mayo sé que llegó al despacho de la gobernadora para la firma. Estoy esperando ahora eso. Ya antes en casos similares se otorgó esta excepción», explicó.
Sumado a esto Graciela confirmó que en diciembre, justo a su hija le fue dada de baja la pensión RUPE «a ella se le había vencido el certificado que otorga la Junta de Fiscalización, se pidió una nueva junta e inexplicablemente, por lo que hay en el expediente, es como si mi hija mágicamente se hubiera curad , le encontraron un 10% de incapacidad laboral, porque ya tiene 20 años, así que le sacaron la pensión porque uno tiene que tener un 66% para que se la otorguen», dijo.
Su lucha continuó y detalló que pidió «una nueva Junta médica porque había solo médicos clínicos y mi hija tiene retraso mental, así que tendría que haber un médico del área de salud mental para determinar la incapacidad y me la negaron».
A raíz de todos estos obstáculos, le fue consultado como se solventa económicamente «tengo amigos que me prestan unos pesitos, algunos que tenía ahorrados ya los usé y después me dijeron que el expediente estaba en el despacho de la gobernadora, así que me arriesgué y pedí un préstamo que ahora no se como voy a devolver», indicó.
«Además vendo cosas de mi casa así que aprovecho si ven por facebook para comprarme algo, porque con eso le doy de mi comer a mis hijas todos los días «, solicitó Graciela.
«Yo gestioné una junta donde estaba presente una psicóloga, llevé toda la documentación que tenía y le dieron un 66% de incapacidad con lo cual estaría en condiciones de tener la pensión», destacó.
Sin embargo, a pesar de gestionar por cuenta propias este certificado donde se comprobó la incapacidad de su hija, Graciela manifestó que «ahora pretenden que inicie todos los trámites de la pensión desde cero , lo cual lleva mucho tiempo donde no cobraría».
Increíblemente afirmó que no se le permitió «presentar este nuevo certificado porque dijeron que ya me habían dado de baja así que tenía que empezar todos los trámites de nuevo como si nunca hubiese tenido la pensión. Soy víctima de una enfermedad terminal y de la burocracia», reflexionó.
Por último, Graciela aclaró que a raíz de sus declaraciones en los medios, la legisladora Freites se acercó a su domicilio y le informó que se hará cargo de su caso, tratando de que se firme su expediente y un señor «de apellido Garay» a cargo de Discapacidad le dijo que le lleve el certificado y se lo recibirían.
