En Río Grande, el abandono empresarial dejó a 122 familias en el desamparo absoluto. A siete meses del cierre de la planta de Aires del Sur, los operarios sobreviven gracias a changas y asistencia estatal mientras custodian una fábrica intacta, lista para producir. La reactivación depende exclusivamente de que el juez Horacio Boccardo autorice una propuesta de locación presentada por la firma Athuel.
Para intentar mitigar la deuda de cuatro meses de sueldo e indemnizaciones, los propios trabajadores realizan hoy el inventario de insumos para su posterior remate judicial, en medio de un mercado industrial fueguino fuertemente deprimido.
Maximiliano Uriona, referente de los trabajadores, describe la angustia de la espera y la parálisis judicial: «Llevamos siete meses sin sueldos, siete meses fuimos abandonados por la dirección de la empresa (…) y hasta el día de la fecha el doctor Horacio Boccardo no nos ha dicho todavía el sí que necesitamos y que queremos para volver a trabajar».
Respecto al inventario que realizan para la subasta de bienes, Uriona expone la cruda realidad del contexto económico actual: «A nivel de sueños sería lo ideal que alcance para empezar a cubrir lo adeudado. Pero a nivel técnico y de mercado, hoy el mercado está tan destruido que no sabemos qué precio le van a poner a todo lo que estamos inventariando».
A pesar del desgaste, el operario destaca el esfuerzo por mantener la fábrica operativa y el valor de la mano de obra local: «Desde que la dirección se fue en diciembre y empezó el conflicto en enero, la planta fue cuidada y mantenida por nosotros. Cualquier persona que quiera visitarla puede verla, las máquinas andan, las líneas andan. La planta está lista. Solo falta que él [el juez] diga que sí».
