En una provincia donde la pobreza alcanza a casi la mitad de la población, el Gobierno de Tierra del Fuego defiende a contrarreloj una reforma constitucional que costará unos 5 mil millones de pesos. Mientras opositores como Jorge Lechman y Paulino Rossi buscan frenar el proceso en la Justicia, la polémica crece sobre qué debe priorizarse: cambiar la Carta Magna o atender la crisis social que golpea a los barrios.
En ese marco y mientras el debate por la reforma constitucional en Tierra del Fuego vuelve a encender la polémica. El contador y abogado Paulino Rossi, criticó duramente la decisión del Gobierno provincial de avanzar con un proceso que ya estima un gasto cercano a los 5 mil millones de pesos.
“Lo que más me llamó la atención fue ver que la provincia contrata a los estudios jurídicos más caros de la Argentina, cuando ya tiene una estructura gigantesca en Legal y Técnica y en la Fiscalía de Estado. Nunca vimos un contrato, todo fue un secreto a voces, y ahora aparece la firma de uno de los abogados más caros del país para sostener este capricho”, señaló Rossi.
El dirigente no dudó en vincular la iniciativa con un intento del gobernador Gustavo Melella de perpetuarse en el poder: “Está claro que es un capricho para replicar el modelo de Formosa. Por más que se enoje cuando lo señalan, es una descripción de lo que se pretende: usar una reforma constitucional como vehículo para la reelección indefinida”.
Rossi subrayó que mientras se proyecta un gasto millonario, los problemas estructurales de la provincia siguen sin solución. “La Constitución no es la responsable de que falte luz en Tierra del Fuego, ni de que los chicos no tengan clases, ni de que haya hechos de corrupción. El gobierno pone la energía en cambiar la Carta Magna en vez de resolver la vida cotidiana de la gente”, afirmó.
En ese sentido, recordó que la convocatoria se firmó “con lo justo” dentro del plazo legal y que la demora en su publicación se justificó en cortes de energía y fallas administrativas. “Si no se puede garantizar ni el suministro de luz, ¿cómo se explica un gasto de 5 mil millones para una reforma constitucional? Está todo a contramano”, apuntó.
El abogado también advirtió sobre el hartazgo social y el creciente ausentismo electoral: “Hay un desencanto generalizado. El proceso constituyente no es otra cosa que un plebiscito de gestión. Lo que está en juego es si queremos una reelección de Melella o no. Y la sociedad ya dio un mensaje claro: apatía y desconfianza en la política”.
Para Rossi, más allá de lo judicial, la resolución vendrá desde las urnas. “Esto lo corrige la democracia. El capricho del gobernador puede seguir sus cauces legales, pero el baño de realidad lo va a dar la gente cuando vote. Y ese cachetazo va a llegar, porque la gestión está agotada y la sociedad lo percibe”, concluyó.
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