Un grupo de organizaciones sociales y sindicales, abogados, periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos, nucleados en un espacio abierto llamado “Otra Justicia”, inició una juntada de firmas para oponerse al proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia en plena pandemia de coronavirus.
La iniciativa se implementó a través del sitio de Internet www.change.org, bajo el título “No a la ampliación de la Corte de Justicia en Tierra del Fuego”, y había reunido más de 200 adhesiones en una sola jornada.
Los gestores de esta solicitud consideran que la Legislatura no pretende simplemente ampliar de tres a cinco los miembros del STJ sino “cooptar el Poder Judicial y designar a quien ya saben que va a representar mejor los intereses políticos, corporativos y económicos de la clase dirigente fueguina”.
“Es un simulacro institucional aprovechándose de que todos estamos pensando en nuestra salud y en nuestra subsistencia económica. En lugar de modificar el sistema de selección de jueces o garantizar un Superior Tribunal con paridad de género, solo quieren perpetuar sus negocios”, afirman desde el espacio de participación.
La petición sostiene que cualquier reforma del sistema judicial fueguino debería incluir “la modificación del sistema de selección de jueces, para reemplazar el actual, cooptado por intereses políticos, que no garantiza la idoneidad técnica de los candidatos ni está sujeto a ningún tipo de control ciudadano”.
También afirma que debería garantizarse “una representación igualitaria de las mujeres en los organismos judiciales, ya sea en los tribunales como en el Consejo de la Magistratura, que como muestra exhibe hoy una composición enteramente masculina”.
“Estamos convencidos de que el alcance de la reforma judicial debe ser ampliamente discutido y debatido, procurando que las y los usuarios del servicio de justicia -que serán impactados por sus resultados- sean parte de la discusión. Esto implica romper con la forma tradicional en la cual se han discutido otras propuestas en torno a estas temáticas: un modelo vertical y elitista, donde sólo debaten las y los especialistas en la materia. También requiere una discusión amplia y robusta basada en las necesidades jurídicas de las personas y en diagnósticos sólidos realizados a partir de evidencia”, indica el texto de la proclama en change.org.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
