La legislatura aprobó por unanimidad la emergencia económica, fiscal, financiera y social hasta fin de año en la Provincia. Los bloques del Frente de Todos y Partido Verde plantearon algunas disidencias en la votación artículo por artículo.
Los cambios introducidos al proyecto del Ejecutivo durante el trabajo en comisión más los incorporados ayer en sesión, posibilitaron que la Legislatura aprobará por unanimidad en general la ley que declaró la emergencia económica, fiscal, financiera y social en la provincia hasta el 31 de diciembre de este año, que podrá ser prorrogada por 1 año más a solicitud del Ejecutivo.
A pesar de los acuerdos alcanzados, los Bloques del Frente de Todos-PJ y del Partido Verde se opusieron a la aprobación del artículo que autorizó al Ejecutivo a desafectar y disponer libremente de los fondos específicos, excepción de los de bomberos voluntarios; becas; de Financiamiento de Servicios Sociales y el de Financiamiento del Sistema Previsional, y el Partido Verde también al que autoriza al Ejecutivo a readecuación o renegociar contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes, por entender que esas son facultades propias del Ejecutivo que no precisan autorización legislativa.
Un dato no menor es que el proyecto aprobado en la 1ª sesión ordinaria del año excluyó la declaración de emergencia administrativa que estaba incorporada en el proyecto gubernamental, más allá de que habilitó el uso del expediente electrónico para las tramitaciones que realiza la administración pública.
Tal lo adelantara en su edición de ayer EDFM, la normativa aprobada determinó que los 2000 millones de pesos provenientes del Bono TFU 27 que financiarán el Programa Progreso se afectarán únicamente a sostener herramientas financieras de asistencia al sector privado, destinando para ello hasta 1000 millones a capitalizar al BTF para que el bando de la provincia establezca líneas de crédito con destino al pago de nómina salariales, cánones locativos de inmuebles con destino comercial y adquisición de capital de trabajo, entre otros, y otros 1.000 millones al Ministerio de Producción para que los destine a líneas de crédito y subsidios destinados a operatorias no bancarias apuntadas a atender a las personas que no sean sujetos de crédito en el sistema financiero formal. Como contrapartida, los beneficiarios de los préstamos no podrán efectuar despidos de sus trabajadores durante el plazo de 1 año a contar desde su otorgamiento, bajo pena de tener que devolver la totalidad del beneficio recibido.
Se crea también durante la vigencia de la emergencia un Fondo de afectación específica de Asistencia Económica COVID-19, con destino a la asistencia de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros, mediante el otorgamiento de subsidios no reintegrables de carácter monetario, a través del Ministerio de Producción y Ambiente. Este fondo se integrará con el producido de la recaudación de una alícuota adicional del 4,75% sobre los ingresos brutos a la actividad bancaria, con lo que este sector de la economía pasará a tributar en la Provincia un 10%.
También se autorizó al Ejecutivo a contraer endeudamiento por hasta 3 mil millones de pesos para contar con medios de financiamiento para atender las consecuencias de la emergencia, pudiendo afectar en garantía los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, pero sin comprometer los recursos coparticipables que correspondan a cada municipio. Según se indicó, desde el Ejecutivo se precisó que los fondos en cuestión provendrán de un programa de asistencia del Gobierno nacional.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
