La integrante de la comisión de discapacidad de CTA, Diana Román, informó por Radio Provincia las nuevas restricciones impuestas a las personas con discapacidad motora para acceder al transporte adaptado que envió el gobierno nacional a través de una resolución. Esto se suma al recorte de pensiones provinciales a través de una reevaluación en el que se bajaba el porcentaje de incapacidad laboral.
Uno de los casos más resonantes había sido el de una señora que padece una enfermedad terminal y le habían quitado la pensión a su hija, ya que consideraron disminuir al 10% su incapacidad laboral en estas nuevas evoluciones que realiza la junta de zona norte. Esta mamá recurrió a la junta de Ushuaia, la cual determinó un 66% de incapacidad, por lo que debía seguir recibiendo la pensión y cuando acudió a recuperarla le informaron que debía «empezarla desde cero» porque ya la habían dado de baja.
Román aseguró que estos problemas continúan y desde explicó que desde la CTA están «convocando a personas en situación similar para asesorarlos legalmente y reclamar ante la justicia».
«Esto marca por lo menos que hay una ineptitud importante”, evaluó y cuestionó al Dr. Oscar Ruiz, quién es el encargado de realizar estas determinaciones sanitarias.
«Vamos a empezar a actuar en general y en particular. Tenemos varias acciones en la justicia, porque no actúan de oficio, vinculadas con la resolución 65 del jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, que establece condiciones totalmente arbitrarias, basadas en principios economicistas, para acceder a la pensión», apuntó.
A las incongruencias a nivel provincial se suma además, la Resolución S.C.P.P.C.D 18/17 de Nación, que impone restricciones para acceder al servicio de transporte adaptado. “Hemos impugnado una resolución sobre el uso del transporte, que también pretende guiarse por principios economicistas. Las provincias tenemos cinco combis adaptadas más, por fondos de Nación que envió la CONADIS. Pero cuando uno va a pedirlas, tiene que presentar una declaración jurada de ingresos de todo el grupo familiar, decir si tienen auto o no; dentro de las condiciones para obtener este transporte adaptado dicen que la tolerancia de espera es de cinco minutos, y cualquiera que trate con personas con discapacidad sabe que cinco minutos de espera es algo imposible para aprontar a un chico con problemas de movilidad. También ponen condiciones de higiene y vestimenta para poder estar en el transporte. La verdad es lamentable y nos costó llegar a esta resolución, porque los padres nos decían que les hacían llenar una declaración jurada y no sabíamos de dónde venía. La encontramos por el boletín oficial, es la resolución Nro. 18, y son normas que empiezan a regir para los pensionados de las cuales no los notifican, como si la gente entrara al boletín oficial todos los días”, reclamó.
“Cuando uno lee las normativas que van inventando, siente mucha impotencia, imaginen lo que siente la persona con discapacidad o el familiar”, subrayó.
Desde la CTA intentarán una reunión con la comisión de discapacidad de la Cámara de Diputados ,con la expectativa de que se revoque esta medida.
A esto además su suma, que continúa sin resolverse el cobro de coseguros a los pensionados RUPE. Sobre este tema, la presidente de la obra social fueguina Margarita Gallardo había alegado un “problema informático” que resolvería, no obstante los pensionados los siguen pagando, informó Román.
«Nosotros le fuimos a plantear este problema a la legisladora Martínez Allende, la citaron por segunda vez y ella se mostró muy ofendida porque le llevamos pruebas de cuatro personas, pero eran muchas más, entonces dio por solucionado el tema y estamos a fines de julio sin que se resuelva el problema con los coseguros”, cerró.
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