El delito que se les imputa a ex funcionarios de Aduana y propietarios de vehículos es la defraudación agravada contra la administración pública en concurso con contrabando. Además de Walter Eduardo Servián y Eduardo Amari, que integraban el departamento automotores de la Aduana, se citó a Leandro Báez, y a dos gestores que están prófugos, dijo el fiscal Rappaport.
El fiscal federal de Río Grande Marcelo Rappaport dio detalles ayer por FM Aire Libre sobre la causa que investiga la defraudación agravada en concurso con contrabando, de un grupo de personas vinculadas con la liberación anticipada de automóviles afectados a la ley 19640.
La denuncia fue radicada en 2014 y, tras dos años de investigación, comenzaron las primeras citaciones a indagatoria.
El principal implicado hasta ahora es Walter Eduardo Servián, quien formaba parte del departamento automotores de la Aduana y, según el Dr. Rappaport, habría recibido “dinero en efectivo” para firmar los certificados que permitieron sacar los vehículos al continente.
“Yo tomé conocimiento por la denuncia que hizo el ex administrador de la Aduana local, Gustavo Etchegoyen –dijo-. Hubo una investigación administrativa previa que había hecho la Aduana y, a partir de ahí, se determinó que un sinnúmero de vehículos habían salido en forma fraudulenta de la provincia de Tierra del Fuego”, aseguró.
Explicó que “los autos que se adquieren en la provincia están amparados bajo la ley 19640, y tienen un tratamiento específico, necesitan un plazo de gracia para poder salir de la isla en forma liberada. Para los autos importados el plazo es de cinco años y, para los nacionales, de tres. Cuando se hace el trámite de liberación, el propietario tiene que ir a la Aduana, le sellan un papel, tiene que pagar tributos si no cumplió el plazo –que van en proporción al tiempo que falta para liberarse-; y ese papel sellado va al Registro de la propiedad automotor, que anota la liberación del automotor”.
“En este caso los propietarios de los vehículos, en vez de pagar los tributos en el banco como corresponde, los pagaban a Servián. No cumplían los requisitos para liberarse, pero Servián firmaba igualmente el papel dando el consentimiento para que se liberen”, sostuvo.
“El tributo que debían pagar no lo pagaban en el banco sino en forma personal a Servián, que era el jefe del departamento automotores de la Aduana local, el que tramitaba todos estos asuntos”, dijo sobre la imputación concreta en este caso al principal implicado.
Servián en estos momentos trabaja en la AFIP y el fiscal Rappaport barajó que, habiendo un sumario administrativo abierto, “tal vez lo han trasladado provisoriamente hasta que resuelvan la situación administrativa”.
Rappaport informó que hasta el momento “se le tomó indagatoria a Servián y a varios compradores de vehículos, que viven en distintas provincias. Eso se hace vía exhorto y demora. Los tiempos lamentablemente no nos ayudan en estas cosas”.
Confirmó que hay otra denuncia de Julio Achaval, un ex empleado de Aduana que fue despedido, que coincide con la presentación que hizo Etchegoyen. Acerca de la vinculación con el ex vicegobernador Daniel Gallo en esta causa.
Otro nombre de resonancia nacional está ligado a la causa madre y es el hijo de Lázaro Báez, también citado a indagatoria. “Por ahora está detectado un vehículo liberado de forma irregular que perteneció a Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez. Si mal no recuerdo es una camioneta Toyota. Está pedida la indagatoria y las citaciones ya no dependen de nosotros, sino del tribunal”, sostuvo el fiscal.
Lo cierto es que hay dos imputados hasta el momento que se desempeñaron en la Aduana, Servián y Amari, los dos gestores prófugos y los propietarios de los vehículos que pagaron para liberarlos.
Fuente: Provincia 23
