El abogado Federico Rauch asumió la defensa del SUTEF y expuso “una clara ofensiva judicial” del Ejecutivo sobre el gremio.
«Acá hay una multiplicidad de acciones judiciales de tipo civil, administrativo y penal j que yo calificaría como “una clara ofensiva judicial”, del gobierno provincial contra este sindicato, van por las cabezas», manifestó por Radio Provincia.
Sobre la toma de la Casa de Gobierno, precisó el letrado que no fue tal. “No hubo ninguna toma, porque jamás ocurrió, lo que sí hubo efectivamente fueron daños en el edificio que son producto de la trifulca, entre la versión de los manifestantes que es que ellos se estaban defendiendo y la versión de la policía, que es que ellos se estaban defendiendo».
Además añadió sobre los hechos del 31 de mayo, que “ incluso un comisario de policía y está en el expediente permite el ingreso de una delegación de 12 personas donde se produjo la trifulca que produjo daños en el edificio, eso se investigó y se sancionó bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad-remarcó- pero de ninguna manera se habla de que este grupo tomó el control de Casa de Gobierno».
Admitió que el gremio docente hoy «tiene un déficit de representación sindical ya que ven restringidas sus libertades ambulatorias y de expresión debido a restricciones impuestas en procesos que están en curso y como siguen siendo legitimados por sus afiliados , estos representantes hoy no pueden cumplir sus funciones», sostuvo.
«También hay una situación de desgaste importante con este núcleo de personas ya que este sector, el docente, es el peor pagado teniendo en cuenta el resto de los sectores de la administración pública, y es un punto a tener en cuenta»,dijo.
«Todo esto apunta a doblegar los reclamos o las formas en que se hacen y es punto culminante ocurrió el 31 de marzo a altas horas de la noche cuando un comisario siguiendo las ordenes del Ejecutivo tomó la decisión de disolver una manifestación pacífica de un acampe que estaba hace tiempo y no un juez, algo inédito para la provincia», evaluó.
«No hubo un juez ese 31 de mayo porque una de las partes, el gobierno, cansado de esta manifestación pacífica ordenó disolver esta manifestación pacífica», concluyó.
