En una maratónica sesión, que finalizó durante la madrugada de este sábado, la Legislatura aprobó por mayoría -con los votos del FPV el paquete de proyectos que el Gobierno provincial había presentado esta semana. Entre los proyectos se destacan la creación de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego y la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego como organismos descentralizados de carácter autárquico, que sucederán jurídicamente al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social; la modificación de la ley 561 del régimen previsional; la declaración de la emergencia del sistema de la seguridad social; la creación de la Agencia de Recaudación Fueguina; el nuevo Código Fiscal provincial; y la modificación de la ley impositiva.
La sesión especial en la Legislatura contó con el apoyo de todos los bloques políticos -excepto el MPF en el caso de la emergencia del sistema de seguridad social- para que los proyectos puedan presentarse sobre tablas, constituirse en comisión y poder tratarlos.
Al momento de la votación, la bancada del FPV acompañó todos los proyectos, con apoyo de la UCR que votó a favor en general y en contra en particular en algunos temas. Por su parte, el MPF votó dividido en varios artículos en particular y unificado contra la emergencia del sistema de seguridad social.
Para el Gobierno provincial la modificación al régimen previsional y la obra social es el primer paso en el camino del reordenamiento de las cuentas públicas ya que la Caja previsional podrá quedar en la provincia para ser recuperada, saneada y equilibrada. El objetivo es la sustentabilidad del régimen y una garantía para pagar haberes en tiempo y forma.
En el actual esquema -afirma el proyecto enviado por la gobernadora Rosana Bertone- el principio de solidaridad, consagrado en el Artículo 52 de nuestra Constitución Provincial, es un principio rector, esencial para el mantenimiento y desarrollo del sistema de seguridad social.
En la actualidad el principio de solidaridad está fracturado. Y ello trae como consecuencia un sistema de distribución y redistribución, insolidario, injusto, irritante e inconstitucional. En el sistema previsional local los de más bajos ingresos deben esforzarse a favor de los más altos ingresos.
Jubilados con poco más de cuarenta años y una deuda superior a los cuatro mil millones de pesos, son extremos que terminan por sintetizar esa parábola, y las consecuencias no son sino aquellas que vemos.
El sistema, en estas condiciones, no resulta sostenible ni sustentable. No faltan ejemplos para advertirlo. Hace más de tres años que los jubilados no pueden cobrar; casi la mitad de los jubilados debe hacer juicio para poder percibir sus haberes y sólo un porcentaje menor de los que iniciaron litigios, puede hacer cumplir sus sentencias.
Aquellos que no tienen recursos para defender por medio de abogados sus derechos, perciben sus haberes con más de dos meses de retraso.
Por ello, mediante las medidas excepcionales que se instrumentan en los proyectos se procura resolver la grave situación que atraviesan actualmente nuestros jubilados, imponiéndose como objetivo inmediato la regularización del pago de los haberes de nuestros jubilados.
Se han seguido, en la determinación de dichas medidas, los criterios de constitucionalidad establecidos por el Máximo Tribunal Argentino para las afectaciones que se presentan, bregando, como norte político innegociable, por la protección de los sectores más necesitados, imponiendo las cargas sobre aquellos que, objetivamente, se encuentran en condiciones de afrontarla.
Asimismo, en términos generales, se intenta cerrar una discusión que no ha llevado ningún resultado fructífero, disponiéndose la consolidación de las deudas y el pago de las acreencias, mediante un instrumento financiero que se estima generará un círculo virtuoso en materia financiera: la inversión en desarrollo habitacional, que entendemos será el mejor respaldo para el cumplimiento de las deudas del Estado.
Fuente: Sur 54
