El abogado del SUTEF Néstor Sánchez Otharán en diálogo con Radio Provincia denunció que la Justicia apresuraró “intencionalmente” el juicio que llevará al banquillo de los acusados a los docentes procesados por la toma de Casa de Gobierno el día 23 de mayo de 2013 mientras la Gobernadora “no tuvo ninguna sanción política ni judicial” por estos hechos y acusó que “hay una mano política metiéndose en el poder judicial”.
“Nosotros creemos que existe una persecución desde que se inicio este proceso, hay una desición política de que ese juicio y condena sea en el mes de noviembre de 2015. Queda claro con el proceder del Tribunal Oral en estos últimos 5 días, en que hay una mano política metiéndose en el Poder judicial porque para el mes de noviembre de este año este tribunal tenía en su agenda 3 debates orales con imputados que están detenidos y lo modificaron intempestivamente para poner este juicio que en realidad estaba programado para mediados del año que viene, no obstante no dudan en notificarme todo en un solo día, en un juicio que tiene 14 cuerpos y hay 33 imputados donde no se puede preparar todo claramente en 10 días”, explicó.
“Este debe ser uno de los juicios más importantes de la década y lo apresuran intencionalmente no solo para violentar el derecho de defensa de mis defendidos, sino también para lograr un resultado político en un momento político determinado, esto preocupa porque el Poder judicial de Tierra del Fuego se presta como herramienta para el poder político y eso cuando está en juego la credibilidad de unos de los poderes del Estado que tiene que ser independiente en sus garantías y debe controlar a los otros poderes y estos no se pueden inmiscuir, nos deja expuestos a todos”, destacó Sánchez Otharán.
“No podemos permitir que el poder político de turno utilice a la Justicia para lograr su objetivos, yo tengo pruebas cabales de la intencionalidad que existe por parte de los miembros del Tribunal Oral que me dan la certeza de que hay una bajada política de obtener esa sentencia en el mes de noviembre”, sentenció.
El abogado del gremio docente también aclaró que a “Camioneros no lo dejan tener el derecho de tener su abogado de confianza y no es una práctica habitual notificar esto 10 días antes del juicio, porque me hacen imposible el trabajo para preparar la mejor defensa posible de 17 imputados”.
“Acá estamos ante una violación flagrante e intromisión por parte del poder Ejecutivo al Poder judicial. Todos debemos exigirle que nos dé una explicación certera de lo que está sucediendo y no la van a tener”, replicó.
“Se está disponiendo al Poder judicial para condenar a los que formaron parte de esta protesta el día 23 de mayo de 2013, la Gobernadora si se hizo responsable después de los hechos del 23, sin embargo, en el banquillo de los acusados y a los que quieren condenar es a los trabajadores y ella no tuvo ninguna sanción política ni judicial. Si la Justicia hace lo que dice el Ejecutivo para que está el Poder judicial, hubiese condenado Fabiana Ríos a los docentes sin garantías y punto”, cuestionó.
“Lo que no puede hacer el Poder judicial es ser servil al gobierno político de turno, no creer en el poder judicial no es normal”, finalizó.
