El abogado Sergio Tagliapietra decidió presentar ayer un recurso de amparo para acceder a información pública que viene solicitando formalmente al Tribunal de Cuentas de la provincia, pero es denegada.
Por Radio Provincia, expuso que recibió respuesta con tecnicismos y evidente reticencia, cuando las normas de acceso son claras y ha pedido tomar vista de resoluciones que son “actos públicos”.
“Hay una ley que permite acceder a la información pública, que es un bien social. Y no solamente es una ley provincial la 653, sino que está la norma que regula la actividad de los abogados, la Constitución provincial, nacional y tratados internacionales de rango constitucional”, sostuvo el letrado.
“No permitir el acceso a información de carácter pública es desconocer toda esta normativa”, cuestionó, luego de realizar presentaciones formales por nota.
“Yo solicité tomar vista de resoluciones plenarias, de acuerdos plenarios, de un período ‘equis’. Y se me informa que no se permite el acceso porque fue publicado en el boletín oficial y con eso estaría dada la información”, dijo sobre las primeras respuestas.
Pero se sumaron otros argumentos que calificó de “infantiles”, como que el hecho de acceder a las actas, podría ajar los documentos o provocar algún daño.
Por un lado, el Dr. Tagliapietra sostuvo que “más allá de si se publicó o no en el boletín oficial, la ley 653 marca que cuando una persona pide información no se la pueden negar, y en este caso se negó. El boletín oficial tiene que publicitar los actos de gobierno en la medida que los entes se los remitan, pero tiene su atraso propio”, dijo sobre información que puede no publicarse a tiempo.
“Lo que no se puede hacer, es no permitir el acceso en el organismo que genera la información”, subrayó, dado que “ante el pedido, se tiene que otorgar, salvo que la información sea de carácter reservada o afecte la intimidad, o sean secretos de estado, que no es el caso”.
Remarcó que ante su pedido “se niega el acceso con un argumento infantil, porque el secretario legal del Tribunal me dice por escrito que en realidad es para evitar que la documental se deteriore, para mantenerla intacta”, aseveró, y se preguntó si pretenderán preservarla hasta enviarla a un Museo, donde recién pueda conocerse.
Barajó que incluso esa información puede estar digitalizada, si bien no es un requisito exigible, e insistió que “cualquier persona que va un organismo donde hay resoluciones impresas, firmadas y registradas, por el solo hecho de verlas entiendo que no tienen por qué romperse. Y si por alguna razón fuera así, lo que dudo, sabrán adoptar las medidas que correspondan para sancionar a la persona”.
Para el letrado “argumentar que no se permite acceso a la información por temor a que se deteriore, es un absurdo”.
“Solamente pretendo ver actos de gobierno y actos públicos, y no tendrían por qué negar el acceso ni a mí ni a ninguna otra persona que vaya a pedirlo”, fustigó.
Debido a esta posición del Tribunal de Cuentas, el abogado avanzó en la justicia. “Ante la negativa primaria, insistí nuevamente y otra vez se me dice básicamente lo mismo, que con la publicación en el boletín oficial ya está dada la información. Así que inicié un amparo en sede judicial para que un juez determine si me corresponde el derecho a acceder a la información y si mi argumento es correcto”.
Subrayó que “no es un tema que me interese a mí solamente sino que le interesa a toda la comunidad. Porque la información tiene que ser brindada en tiempo oportuno, como dice la ley. De nada sirve que la brinden de acá a un año o dos”.
Respecto de los plazos, dijo que en caso de amparo “son sumarísimos” y ayer mismo “se le dio traslado al organismo, para que en cinco días hábiles emita el informe y diga las razones por las cuales no brinda la información. Luego el trámite es sumarísimo y ágil comparados con otros, por la dinámica propia del amparo”.
Mencionó que hay varios fallos de la justicia local y nacional a favor del acceso a la información, por lo que tarde o temprano deberán dale acceso.
“Entiendo que los vocales del Tribunal de Cuentas no quieren ponerse a tono con las normativas actuales”, lamentó, sin descartar temor de que en esa documentación pueda haber irregularidades que den origen a denuncias.
“Cabe preguntarse eso, aunque sea como argumento propio. Si solicito algo y lo tratan de esconder, o es por temor, o por despecho propio. Si lo esconden por temor, que cada uno se haga cargo de lo que hizo. Si es despecho hacia el que lo pide, la ley está para cumplirla y rige para todos”, sentenció Tagliapietra, que ya había denunciado a dos vocales del tribunal.
Fuente: Sur 54
