El titular de Mirgor, José Luis Alonso, rompió el silencio en medio de la negociación por la continuidad de 300 empleados alcanzados inicialmente por telegramas de despido. En diálogo con TVP Noticias, afirmó que la empresa atravesó más de 25 días de paro en lo que va del año y sostuvo que esa conflictividad permanente pone en riesgo la producción y los compromisos con los clientes. «No se puede vivir de la conflictividad», resumió, y ubicó el reclamo de la compañía en un plano de «confiabilidad operativa y productividad», en un escenario golpeado por la caída de ventas y el avance de los productos importados.
Consultado sobre si los 300 trabajadores podrán volver a sus puestos con normalidad después del 31 de agosto, Alonso fue cauto: «Depende de la UOM». El directivo garantizó que Mirgor «no va a bajar un solo puesto de trabajo después de este conflicto», pero remarcó que la resolución individual de cada caso está atada al resultado de la mesa de diálogo con el sindicato. Según explicó, tras la conciliación obligatoria dictada de oficio por el Gobierno provincial la empresa reincorporó a todo el personal, delegados incluidos, aunque estos últimos continúan licenciados mientras avanza la negociación.
El CEO justificó el envío de los telegramas en lo que calificó como «una violación clara y repetida de la conciliación obligatoria», al sostener que los trabajadores pararon mientras todavía regía una conciliación previa. Reconoció que la comunicación formal del incumplimiento llegó horas después de certificado por escribano, pero insistió en que no fue un hecho aislado: acusó a la UOM de Río Grande de desconocer conciliaciones obligatorias en otras ocasiones y afirmó que los propios delegados le impidieron reunirse con los trabajadores para explicarles la propuesta de la empresa.
Sobre la propuesta de doce puntos que Mirgor puso sobre la mesa, Alonso precisó que solo dos afectan directamente a los operarios de planta: bajar el ausentismo a un máximo del 3% —al que definió como «un flagelo», con jornadas de hasta 200 ausentes— y limitar las medidas de fuerza por motivos ajenos a reclamos directos contra la compañía. Negó de forma categórica cualquier intención de recortar salarios («a la gente se le ha mentido», dijo) y responsabilizó a las paradas reiteradas por haber frenado incluso la discusión del premio anual, que according a su versión la empresa intentó negociar desde noviembre de 2025 sin respuesta favorable del gremio.
Las definiciones más duras fueron para la conducción sindical de Río Grande, a la que acusó de manejarse «vía el conflicto» y de no tener «capacidad de dialogar». Contrastó esa dinámica con Ushuaia, donde dijo que los metalúrgicos no pararon en todo el año, y sostuvo que buena parte del personal quiere trabajar pero calla por miedo a «amenazas y aprietes». También negó haber maltratado a los trabajadores durante una reunión en planta —dijo haber sido él quien recibió una agresión física— y calificó como «fake» y hechos con inteligencia artificial los audios con su voz que circularon en los últimos días, aunque no mencionó peritajes técnicos que lo confirmen.
Alonso cerró con un llamado a discutir «las 24 horas, los siete días de la semana» con un referente gremial con mandato para negociar, mientras la conciliación obligatoria se acerca a su vencimiento y queda abierta la incógnita sobre si empresa y sindicato lograrán destrabar la continuidad de los 300 puestos en juego.
Fuente: Crítica Sur
