El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, le dio quince días al gobernador para reunir toda la documentación oficial sobre el paso del petrolero británico por Río Cullen y el puerto de Ushuaia.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego puso en marcha una investigación formal por el paso del petrolero de bandera británica VS Promise por aguas fueguinas. A través de la Nota FE Nº 251/26, ingresada a la Gobernación el miércoles 26 de agosto, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre le otorgó al gobernador Gustavo Melella un plazo de quince días hábiles para presentar un informe documentado sobre las autorizaciones, los controles y las actuaciones del Ejecutivo provincial vinculadas al buque. La pesquisa se abrió a partir de una denuncia que dio origen al expediente FE Nº 48/26.
El requerimiento es amplio: la Fiscalía pide conocer los antecedentes de operaciones del buque en Cullen y Ushuaia —tanto de este año como de períodos anteriores—, y quiere saber si hubo notificaciones previas de agencias marítimas, de TotalEnergies o de organismos nacionales antes del ingreso del tanquero. También exige identificar a los funcionarios que habrían autorizado o avalado la operatoria, con las minutas, correos y expedientes que respalden cada decisión.
Un capítulo aparte se centra en el poder de policía sobre la actividad hidrocarburífera en la monoboya de Cullen: el organismo reclamó las actas de inspección de la carga, el manifiesto del crudo y el marco normativo aplicado en relación con la Ley Provincial 852, conocida como «Ley Gaucho Rivero». A esto se suma un pedido de precisiones sobre los mecanismos de control y cruce de información con la Prefectura Naval Argentina, la Dirección Provincial de Puertos, el Ministerio de Producción y Ambiente y la Secretaría de Pesca.
La medida llega en medio de los cuestionamientos que generó la presencia del VS Promise, después de que se conociera que el buque cargó crudo en Cullen y operó en el puerto de Ushuaia pese a las primeras versiones oficiales que decían desconocer su bandera y sus movimientos. Con la información que reúna en los próximos quince días, el Gobierno de Melella deberá despejar si la Provincia conocía y convalidó la operación antes de que el episodio se convirtiera en un escándalo público.
