El conflicto docente en Tierra del Fuego, impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), cumple más de dos semanas de paro por tiempo indeterminado tras el no inicio de clases posterior al receso invernal. El sector exige una recomposición salarial con un piso de 3 millones de pesos y el cese de descuentos por huelga. En este escenario, la legisladora Natalia Gracianía cuestionó con dureza el accionar del Ministerio de Educación provincial ante la falta de garantia de clases y fundamentó su propuesta para declarar la educación como servicio esencial.
Por Radio Provincia, la parlamentaria expresó su perplejidad ante el manejo del Ejecutivo provincial sobre la crisis salarial e infraestructura: “Me sorprende esta modalidad que tiene el Gobierno de dejar que todos los conflictos lleguen a un punto límite en el cual volver atrás o lograr una solución es muy difícil”.
“El principal responsable de que la educación funcione en Tierra del Fuego no es el Gobierno nacional; es el Gobierno provincial a través de su Ministerio de Educación”, sostuvo la legisladora al hablar de la parálisis institucional que sufren los estudiantes fueguinos.
LLA presentó un proyecto para declarar la educación servicio público esencial
La iniciativa exige un mínimo del 75% de la prestación por escuela y turno durante paros y asambleas, prohíbe el cierre total de establecimientos y crea un registro provincial de días de clase efectivos. El proyecto pretende «salvaguardar el derecho de los estudiantes» sin anular los reclamos del sector docente, en un contexto donde «las mesas paritarias aún no logran destrabar el conflicto», sostuvo la legisladora.
Recordemos que el bloque La Libertad Avanza presentó en la Legislatura fueguina un proyecto para declarar la educación como servicio público esencial. Impulsada por los legisladores Natalia Graziani y Luciano Selzer, la propuesta exige que cada escuela sostenga como mínimo el 75% de su prestación habitual por turno durante las medidas sindicales, sin promedios que disimulen los cierres, y alcanza a los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario.
El texto obliga a los sindicatos a avisar los paros con 72 horas de anticipación y a las escuelas a informar a las familias con 48 horas antes. También crea un registro provincial de días de clase, exige la recuperación de contenidos en el mismo ciclo lectivo y protege de represalias a los docentes que trabajen durante las medidas de fuerza.
