Las reformas legislativas en el Congreso de la Nación, combinada con severas críticas a la gestión del hábitat en Ushuaia y denuncias por irregularidades administrativas, fueron los temas que abordó la concejal Daiana Freiberger por Radio Provincia, quien advirtió sobre el impacto directo de estas medidas en la comunidad.
En el plano nacional, la discusión se enfoca en la modificación de un paquete de cinco leyes clave —incluidas las normativas de expropiaciones, manejo del fuego y tierras rurales— que abren la puerta a la compra de suelo argentino por parte de capitales internacionales e incorporan facultades discrecionales para el Ejecutivo. Ante este panorama, la edil se dirigió a la representación legislativa en la Cámara Alta: «Hago un llamamiento a los tres senadores de la provincia de Tierra del Fuego para que realmente protejan lo que es patrimonio de todos los argentinos y particularmente de los fueguinos». En la misma línea, subrayó que «la venta de tierras a capitales extranjeros no puede convertirse definitivamente en una puerta de entrada para poner en riesgo el control de territorios estratégicos».
Paralelamente, la problemática habitacional en la capital fueguina exhibe tensiones vinculadas al reparto de lotes. Desde el Concejo Deliberante se cuestionó que la entrega de terrenos priorice de manera sistemática a entidades gremiales y colectivas por encima de la demanda general de los ciudadanos inscriptos de forma individual. «Para mí hay que poner el foco en la demanda individual, porque se ha dejado de lado durante muchísimo tiempo», sostuvo Freiberger, quien remarcó que lo que comenzó como un mecanismo excepcional hace 15 años terminó consolidándose como la regla habitual por decisiones políticas.
A la parálisis en la asignación de terrenos para particulares se le sumó un grave episodio institucional en la Dirección de Obras Privadas. El ingeniero civil Miguel Hidalgo presentó un reclamo administrativo ante el intendente denunciando paralizaciones e injustificadas demoras en el despacho de expedientes —muchos de ellos vinculados a créditos hipotecarios y familias con compromisos financieros en marcha—. En el escrito, el profesional incluyó una categórica afirmación sobre el funcionamiento del área: «Manifiesto que no pago ni voy a pagar coimas para que los trámites de mis clientes sean atendidos». La gravedad de la acusación reabrió el reclamo de explicaciones públicas y puso bajo la lupa la transparencia en la tramitación de las obras en la ciudad.
