El abogado explicó que la disputa por la titularidad de terrenos en la provincia se remonta a la Ley de Provincialización de 1990 y aclaró que no debe confundirse con el debate por la inviolabilidad de la propiedad privada que se trata en el Congreso.
En diálogo con Radio Provincia, el Dr. Raúl Aciar analizó la discusión sobre la titularidad de tierras en Tierra del Fuego, la interpretación del artículo 15 de la Ley de Provincialización, las excepciones para inmuebles afectados al uso o servicio público nacional y la falta de definiciones formales sobre algunos terrenos desde la década del 90.
Aciar explicó que la discusión actual sobre las tierras de la provincia debe diferenciarse de otros debates legislativos y remarcó que el punto central está en la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego.
«Hay que aclarar lo siguiente primero. La cuestión de la inviolabilidad de la propiedad que se está tratando en el Congreso en estos días. Ayer hubo una sesión y creo que quedó postergada y no sé qué más. Eso no tiene nada que ver con la cuestión de tierra que nos convoca precisamente en este momento por una serie de cuestiones que están pasando en Tierra del Fuego».
El letrado ubicó el origen del conflicto en la transformación del antiguo territorio nacional en provincia, ocurrida en los años 90. Según recordó, antes de ese proceso toda la tierra fueguina pertenecía al Estado Nacional, tal como sucedía con Buenos Aires antes de convertirse en Ciudad Autónoma. Con la provincialización, esas tierras pasaron a manos del nuevo estado provincial, salvo dos excepciones puntuales que la propia ley se encargó de fijar.
Esas excepciones, precisó Aciar, alcanzaban únicamente a los inmuebles que en 1990 estaban afectados a un uso o servicio público nacional. Para reservarlos, la Nación contaba con un plazo que vencía en 1993 y que exigía una ley específica que declarara qué predios quedaban bajo su órbita. Casos como el aeropuerto o las instalaciones de Prefectura Naval y la Base Antártida Argentina no generan dudas: su afectación al Estado Nacional era clara desde entonces. El problema, señaló el abogado, es que muchos otros terrenos nunca tuvieron esa definición formal, y esa omisión es la que hoy alimenta las controversias entre la provincia, los municipios y otros organismos.
Aciar insistió en que la salida pasa por la documentación y no por interpretaciones enfrentadas: cada parte sostiene que un predio le pertenece sin que exista, en muchos casos, un respaldo formal que lo confirme. También apuntó que los convenios firmados entre distintos organismos pueden funcionar como una admisión implícita de propiedad, y lo comparó con pedir permiso para estacionar el auto en el garaje de otro: hacerlo ya supone reconocer de quién es ese espacio.
