La tensión judicial y política no para de crecer en torno a la investigación por las graves agresiones sufridas por tres internos en la Unidad de Detención de Río Grande. En las últimas horas, los abogados defensores Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra presentaron una recusación formal para apartar a la jueza de la causa, Cecilia Cataldo, argumentando que se cometieron irregularidades severas que dinamitaron las garantías del debido proceso.
El eje del conflicto radica en una reunión presuntamente secreta que la magistrada y un equipo interdisciplinario de peritos judiciales mantuvieron con los tres denunciantes. El propósito de la cita era evaluar la estabilidad psicológica de los detenidos para determinar si podían testificar, trámite que finalmente se descartó.
Sin embargo, para los abogados defensores el daño ya estaba hecho. Explicaron que la realización de ese encuentro, sin la debida notificación ni la presencia de la Fiscalía o las defensas, implicó una afectación directa al derecho constitucional de defensa y al control de la prueba, rompiendo la equidad que debe primar en el proceso.
Este pedido de apartamiento le suma una nueva capa de complejidad a un expediente blindado bajo el secreto de sumario, que ya arrastra otra recusación: la del defensor oficial Marcelo Scola contra el fiscal mayor Martín Bramatí. Mientras los pasillos de los tribunales arden, las víctimas —Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maximiliano y Pedro Jesús Flores— siguen alojadas en Ushuaia por cuestiones de seguridad, sumidas en un estado de temor que les ha impedido formalizar la denuncia por la brutal golpiza y los vejámenes que sufrieron durante más de una hora en el Pabellón B.
La onda de choque de lo ocurrido en el penal ya impactó de lleno en el ámbito político. Desde la Legislatura provincial se elevó un enérgico reclamo ante el faltazo del ministro de Seguridad, Jorge Canals, quien estaba citado para dar explicaciones en la Comisión de Seguridad.
El legislador Pablo Villegas no ocultó su indignación ante la ausencia del funcionario y apuntó contra el silencio institucional. «Necesitamos saber qué ocurrió, qué acciones tomó el Gobierno y por qué las autoridades del Servicio Penitenciario continúan en funciones mientras la investigación sigue en curso», sostuvo el parlamentario, exigiendo que se aclaren las responsabilidades de una cadena de custodia que, según las cámaras de videovigilancia, miró hacia otro lado mientras se ejecutaba el ataque.
