El abogado Federico Rauch calificó como histórica la sentencia dictada por la jueza federal Mariel Borruto en la demanda colectiva que casi 7.000 fueguinos iniciaron contra ocho terminales automotrices, tras casi dos décadas de reclamos por el traslado de los beneficios de la Ley 19.640 al precio de los vehículos.
Rauch explicó que el proceso nació en 2007, cuando un grupo de vecinos comenzó a consultarlo sobre el aumento sostenido de los autos pese a las exenciones impositivas de la provincia. La denuncia llegó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tras cinco años de investigación determinó que las automotrices se habían apropiado de esos beneficios y les aplicó una multa, después revocada por la Cámara Federal. Con esa prueba documental, el abogado presentó en 2015 la demanda colectiva que terminó sumando a casi 7.000 compradores de Ushuaia y Río Grande.
En diálogo con Radio Provincia dijo que «es la primera vez que la Justicia Federal trató esto de manera completa, no hay precedente», remarcó Rauch, y agregó que el fallo establece con claridad que los beneficios de la ley corresponden a quienes viven en Tierra del Fuego y no a las terminales. El abogado anticipó que las automotrices apelarán ante la Cámara Federal y, eventualmente, ante la Corte Suprema, aunque sostuvo que la solidez del fallo lo vuelve irreversible.
El letrado también había advertido, en otra entrevista reciente, sobre el riesgo de que la pasividad de los fueguinos en reclamar estos beneficios termine debilitando la continuidad de todo el régimen de promoción económica frente a la discusión nacional por la coparticipación.
«Los autos no pueden costar lo mismo en Tierra del Fuego que en el resto del país. Alguien se queda con esa diferencia», cerró Rauch.
