La acuicultura en Tierra del Fuego busca dejar atrás las dudas y consolidar un horizonte de previsibilidad. Tras la sanción de la Ley 1601 a fines del año pasado y su reciente reglamentación en abril de este 2026, la provincia ha comenzado a recibir las primeras manifestaciones formales de empresas interesadas en explorar el potencial de sus aguas. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial advierten que las reglas de juego cambiaron: ya no bastará con la simple explotación de recursos, sino que se exigirá un compromiso real con el entramado económico y laboral de la isla.
Diego Marzioni, secretario de Pesca de la Provincia, analizó por Radio Provincia este nuevo escenario institucional y aclaró el verdadero alcance de las denominadas «cartas de intención» que se han venido firmando con distintos grupos inversores. Lejos de ser contratos definitivos o cheques en blanco, el funcionario define estas herramientas como el puntapié inicial de una discusión técnica rigurosa. Según explicó, este mecanismo sirve para evaluar si las aspiraciones corporativas se alinean con las estrictas normativas vigentes en la región.
El funcionario sostuvo respecto a las condiciones que se impondrán a los interesados en radicarse en suelo fueguino. Las prioridades de la gestión se centran en diversificar la matriz económica local sin descuidar el patrimonio natural, un equilibrio que históricamente ha generado tensiones con organizaciones civiles y sectores académicos de la Patagonia.
«El objetivo principal, más allá de cuidar el entorno ambiental y las condiciones sanitarias de la provincia, es que todo proyecto acuícola que se quiera asentar en la provincia no es a cambio de agua o a cambio de tierra, no, sino que todo proyecto acuícola se tiene que integrar a la cadena productiva o al desarrollo productivo de la provincia, esa ampliación de la matriz productiva que tiene la provincia.»
Bajo esta premisa, la administración provincial pretende evitar esquemas puramente extractivos que no dejen valor agregado en el territorio. La intención oficial es que cada propuesta dinamice a los proveedores locales y genere empleo calificado, obligando a las corporaciones a detallar sus planes de inversión desde el primer día.
«Porque, como decíamos, no vamos a permitir proyectos acuícolas que únicamente vengan a engorde de pescado a extraer los recursos naturales, digamos no exactamente a utilizar el recurso hídrico únicamente para engordar pescado y que todo el beneficio de la producción acuícola quede fuera de esta zona de la provincia no, sino que el proyecto se integre de la manera más completa posible dentro del territorio de la provincia.»
Uno de los casos concretos que ya muestra avances significativos se localiza en el corazón de la isla. Se trata de una iniciativa impulsada por una firma local, Plásticos Isla Grande, que planea instalar un complejo polirrubro en Tolhuin. Este proyecto combina la producción de salmónidos con actividades turísticas, gastronómicas y agrícolas hidropónicas, marcando una diferencia respecto a los modelos tradicionales de cría en cautiverio.
«Es un proyecto integral en donde se complementa la acuicultura, la hidroponia, el turismo y la gastronomía. Es un complejo integral en donde desde el desarrollo genético de esta —hablamos específicamente de lo que es acuicultura de ese emprendimiento— desde el desarrollo genético de truchas, no fuera de cualquier espejo de agua, porque van a ser mediante la obtención de agua surgente se va a desarrollar el desarrollo genético en complementariedad con el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de la Provincia, la estación de piscicultura.»
Marzioni detalló que esta iniciativa ya cuenta con la tierra adquirida en Tolhuin y ha presentado sus primeros esbozos institucionales. A partir de ahora, deberá sortear los controles pertinentes mediante los mecanismos de ventanilla única.
«Ahora empezará toda la parte de tramitación a través de la ventanilla única, con la intervención de todas las áreas técnicas, ya sea ambientales, hídricas, productivas, o sea que tienen que atender a ver de qué manera se va a desarrollar el proyecto dentro de la provincia y cuáles son los alcances.»
El debate sobre los antecedentes de las multinacionales también forma parte de la agenda pública local. En los últimos días, organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación ante la firma de una carta de intención con Cook Canadá, una corporación con severos cuestionamientos internacionales por sus prácticas operativas en el hemisferio norte y en Chile. Al ser consultado sobre estos antecedentes negativos, Marzioni relativizó el peso de las alertas externas y puso el foco en la solidez de la filial local y en el rigor de las auditorías fueguinas.
«La empresa tiene una filial en Argentina que ya lleva más de 25 años trabajando. Es la empresa Wanchese, en donde se dedica a la pesca de crustáceo y se dedica a la pesca de vieiras en el territorio. Es una empresa sólida. Es una buena empresa que genera trabajo genuino y bueno. Veremos cuáles son los antecedentes, cuál es su trayectoria. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que el desarrollo del proyecto de la empresa en Argentina va a estar dada por los controles que genere la misma provincia, por los controles que generen todos los organismos técnicos ambientales y productivos dentro de la Provincia de Tierra del Fuego.»
Ante las dudas sobre el rol del Estado como juez y parte en las habilitaciones, el secretario defendió la validez de los controles públicos e internos, descartando la necesidad de auditorías externas. Aseguró que la legislación actual dota a las áreas ambientales de las herramientas necesarias para frenar cualquier iniciativa que ponga en riesgo los recursos naturales.
«Los organismos de control dentro de la provincia tienen que ser estatales, tienen que ser internos. Por eso la ley y el decreto reglamentario habla de dinamizar y dotar a los organismos de control de la infraestructura y personal necesaria para que puedan llevar adelante su tarea. Es por eso que previamente a cualquier proyecto de ley está el análisis de todos los organismos técnicos. O sea, es el Estado que controla, es la Secretaría de Ambiente que controla a través de sus diferentes organismos, hídrico, en biodiversidad, el mismo Consejo Provincial de Medio Ambiente.»
Finalmente, el funcionario remarcó la importancia de transparentar estos procesos ante la opinión pública, entendiendo que el intercambio de información exhaustivo es el único camino para garantizar inversiones seguras y sustentables en la región.
«Es un proceso muy transparente porque la carta de intención visibiliza ante la comunidad el cambio y el intercambio de información y la intención de qué empresas tienen intenciones de desarrollar proyectos acuícolas dentro de la provincia. Las empresas ya de antemano van a saber que si quieren desarrollar un proyecto en la provincia, el proyecto tiene que ser de manera integral. Nos tienen que decir cómo se va a insertar en la cadena productiva, qué riqueza va a generar, cuál es el potencial, cómo va a ser el desarrollo genético, cuánto va a aportar a la capacitación y la formación, cuánto va a aportar al desarrollo de infraestructura.»
