Tras la insistencia legislativa que ratificó la derogación de la ley que declaraba la necesidad de una reforma parcial de la Constitución fueguina, el gobernador Gustavo Melella anunció que judicializará la disputa al considerar que la decisión es “claramente inconstitucional”.
La sesión legislativa significó un duro revés político para el oficialismo, que impulsaba la modificación de la Carta Magna provincial como una herramienta para actualizar distintos aspectos institucionales. Desde los bloques opositores sostuvieron que el proceso no contaba con consenso social suficiente y advirtieron sobre el impacto económico que implicaría avanzar con una elección de convencionales constituyentes en medio del delicado escenario financiero que atraviesa la provincia.
Además de las críticas políticas, la oposición también puso bajo la lupa la legalidad del procedimiento y cuestionó la continuidad del proceso reformador.
La respuesta del mandatario no tardó en llegar. “Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial”, expresó Melella, quien apuntó directamente contra sectores políticos que, según afirmó, “no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego”.
El gobernador defendió la legitimidad del proceso y remarcó que la reforma ya había comenzado formalmente con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. En ese sentido, consideró que frenar ahora el avance mediante una nueva ley implica “vulnerar derechos políticos y desconocer las reglas básicas del sistema democrático”.
“Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atado al pasado y a esos privilegios”, sostuvo el titular del Ejecutivo provincial, elevando el tono de una confrontación que ya ingresó en el terreno judicial e institucional.
Melella también advirtió que la decisión legislativa “atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica” de la provincia, y confirmó que el Gobierno avanzará con una presentación ante la Justicia para intentar revertir la medida aprobada por la Legislatura.
Con información del Diario del Fin del Mundo
