El Gobierno nacional impulsa cambios a la Ley de Salud Mental sin consultar a las provincias ni a la sociedad civil

El secretario de Salud Mental de Tierra del Fuego advirtió que la reforma prioriza la psiquiatría por sobre el trabajo interdisciplinario y elimina el financiamiento público justo cuando la demanda de atención creció más del 100%.


La modificación a la Ley Nacional de Salud Mental avanza en el Senado sin que las provincias, las organizaciones civiles ni las entidades académicas hayan sido convocadas a opinar. Así lo denunció David de Piero, secretario de Salud Mental de Tierra del Fuego, en declaraciones a Radio Provincia, donde describió un proyecto que, según su mirada, apunta en dirección contraria a los derechos que la ley vigente busca proteger.

«No hay consulta con los diferentes actores», afirmó De Piero, y aclaró que esa certeza no era una suposición: «Tuve reunión con la directora de Nación y sí, efectivamente no hay consulta».

El funcionario explicó que la norma actual —sancionada en 2010— concibe la salud mental desde una perspectiva integral, que prioriza la continuidad del paciente en su comunidad y la protección de sus derechos. La reforma, en cambio, colocaría a la psiquiatría como eje exclusivo de las decisiones. Un ejemplo concreto: hoy, una internación debe ser indicada por un equipo interdisciplinario; con los cambios propuestos, bastaría con la firma de un psiquiatra.

«No lo digo en desmedro de la psiquiatría, sino por la rotura de la interdisciplina», aclaró De Piero. «Cómo un paciente tiene o no tiene apoyaturas familiares, cómo esa persona tiene o no tiene inserción en lo social, en lo educativo, en lo laboral: todo eso quedaría centrado exclusivamente en un diagnóstico de manual de psiquiatría».

El proyecto también reemplazaría el concepto de «padecimiento» por el de «trastorno», limitando las intervenciones a lo que figure en los manuales psiquiátricos. Quedarían fuera, entonces, situaciones como un divorcio, la pérdida de un empleo o el duelo por un familiar. «Esas situaciones que hoy están contempladas como parte del abordaje quedarían afuera», señaló.

Pero el punto que De Piero consideró más grave fue el financiamiento. «La principal causa de esta modificación es quitarle el financiamiento», dijo sin rodeos. Y agregó que ese recorte ya era una realidad antes de que la reforma se aprobara: el Plan Remediar, que garantizaba medicación gratuita en salud mental, dejó de funcionar. «No hay botiquín de salud mental. Ya está, no existe más».

La situación es especialmente delicada en Tierra del Fuego, donde no existe ningún prestador privado de internación en salud mental. Los tres hospitales públicos de la provincia concentran toda la demanda. Y esa demanda no para de crecer: según un relevamiento realizado con 16 provincias del país, en los últimos cinco años las internaciones en hospitales generales crecieron un 80% y las consultas ambulatorias un 134%.

«Hay un crecimiento verdaderamente exponencial y no hay recurso que termine de dar abasto», resumió el secretario.

Consultado sobre las falencias de la ley actual —algo que también señalan algunas familias de personas con problemas de salud mental—, De Piero no esquivó la pregunta. «Es una ley escrita por personas en un momento dado, es perfectible», reconoció. Pero diferenció las fallas del texto de los problemas en su implementación, y valoró los avances provinciales: la apertura de una casa de medio camino, la incorporación de psicólogos en los CAPS de Ushuaia y Río Grande, y la residencia interdisciplinaria en salud mental que ya forma a siete profesionales.

El proyecto ingresó al Senado el 17 de abril y comenzó a tratarse en comisión. El martes se realizó una audiencia abierta que se extendió por varias horas, aunque Tierra del Fuego no fue convocada. Si obtiene dictamen, pasará al recinto para su votación.

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