El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una denuncia formal ante la Autoridad de Valores de Israel contra Navitas Petroleum Limited Partnership por violar la legislación de mercado de capitales con su proyecto hidrocarburífero «Sea Lion», ubicado al norte de las Islas Malvinas. Sin embargo, esta denuncia oficial abre un capítulo inesperado: el silencio y la permisividad frente a otras empresas vinculadas y con operaciones en el territorio fueguino.
Daniel Guzmán, periodista e investigador, señaló en diálogo con Radio Provincia que «el gobierno denunció a Navitas, pero omitió accionar contra otras empresas socias «. Se refiere a Harbour Energy, la empresa británica que hasta ese entonces tuvo la mayoría accionaria del yacimiento ilegal y luego vendió sus activos a Navitas, esto pasó entre el 2021 y 2022. Pese a su rol central, Harbour Energy no fue objeto de la misma contundencia fiscal.
«De forma paradójica, el propio gobierno fueguino autorizó la compra de los activos de Wintershall por parte de Harbour Energy para operar el yacimiento Fénix, aquí mismo en Tierra del Fuego», explicó Guzmán. Esto desvela una contradicción entre la denuncia y las autorizaciones locales que estremecen la coherencia del discurso oficial.
Además, Guzmán apuntó que el gobierno decidió elevar su queja a Israel, pero no denunció la situación ante el Juzgado Federal de Río Grande, donde está radicada la causa madre iniciada en 2015 contra estas petroleras. Ante esta inacción, veteranos de guerra y periodistas se presentaron en la justicia local para aportar documentación que desenmascara el entramado.
Esta polémica resurge justo cuando, a principios de este año, el consorcio extranjero consiguió 2.100 millones de dólares para iniciar la primera etapa de explotación petrolera en Malvinas. Un avance que revela hasta dónde llega la compleja red de intereses económicos nacionales e internacionales, en medio de un reclamo soberano que no cesa.
La denuncia oficial no solo pone en jaque a la empresa israelí Navitas, sino que además desata un debate urgente sobre la transparencia, la justicia y la defensa integral del suelo fueguino, escenario de tensiones que tocan la historia y la identidad misma de Argentina.
