La incertidumbre se ha convertido en el clima cotidiano en el puerto. A tres meses de iniciada la intervención, los trabajadores intentan desanudar un conflicto que, según ellos, los tiene como rehenes de una disputa política de la que no forman parte. Luis Díaz, referente de los trabajadores portuarios, habló por Radio Provincia tras mantener reuniones con legisladores provinciales para intentar salvar sus puestos de trabajo y garantizar la operatividad de una terminal que, a su criterio, está siendo vaciada de identidad.
El eje de la pelea actual se centra en un punto técnico pero vital: el artículo 12 de la normativa vigente, que sustenta una denuncia de dumping y pone en jaque la estabilidad laboral. «Tratamos de explicarles a los legisladores que nosotros somos trabajadores; nos interesa recuperar el puerto. No somos actores políticos, estamos en el medio de un conflicto y la intervención es política», sostuvo Díaz con preocupación.
La situación económica de las familias portuarias pende de un hilo. A diferencia de otras áreas del Estado, el puerto se autofinancia. Si no hay actividad genuina, no hay salarios: «nosotros sostenemos nuestro propio sueldo con lo que se recauda. No nos asisten con plata; si no hay recaudación, no hay sueldo», explicó el referente, recordando los duros años de la pandemia.
Díaz denunció que, mientras el personal de planta permanece afuera, la intervención ha optado por una tercerización encubierta que afecta la eficiencia del servicio: «hoy todos los servicios que daba la Dirección Provincial de Puertos están tercerizados. Dicen que con 16 personas lo manejan, pero es mentira. Traen todo del privado y el interventor es un mero administrativo».
Existe una desconexión total con las autoridades designadas, como Juan Avellaneda. Los trabajadores aseguran que el diálogo es inexistente y que los funcionarios se mueven en un microclima de aislamiento: «el contacto es cero, están protegidos, no se los ve en la calle, salen con custodias, los pasan a buscar por la casa y los meten directamente al puerto», sostuvo el gremialista.
La tensión en las terminales va en aumento. Los trabajadores, que incluso contrataron asesoría legal propia para enfrentar a la intervención, advierten que la paciencia se está agotando. El sentimiento de abandono por parte de los interlocutores políticos ha calado hondo.
«El hilo está muy fino, los trabajadores están muy enojados y esto puede estallar en cualquier momento. O estallamos contra la Dirección de Puertos o contra la Legislatura, pero esto va a terminar mal si no hay soluciones concretas».
A pesar de haber recibido ofertas para trabajar bajo la órbita privada, Díaz destacó la lealtad de sus compañeros con la institución: «muchos eligieron quedarse a pelear por el puerto provincial cuando les ofrecieron pagarles más afuera. Seguimos creyendo en esto, pero hoy vamos contrarreloj hasta que se acaben los recursos».
El puerto sigue operando, pero entre sus grietas asoma una crisis social que, según sus propios protagonistas, ya no admite más gacetillas de prensa ni silencios oficiales.
