En un plenario de comisiones de Diputados hubo asentimiento para llevar a cabo la audiencia forma presencial el 25 de marzo y, vía remota, el 26 para “garantizar el federalismo”. El horario será de 10 a 19 con la flexibilidad de extenderlo si así lo requiere. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen del proyecto.
El Congreso puso en marcha este miércoles el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores resolvieron convocar a una audiencia pública antes de avanzar con el dictamen del proyecto.
La reunión se desarrolló en la Sala 1 del Anexo “A” del Palacio Legislativo y marcó el inicio formal del trabajo parlamentario sobre la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado. La decisión de abrir una instancia de participación surgió tras un reclamo del interbloque Unidos, que pidió garantizar el debate público en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, explicó que el cronograma de trabajo se reorganizó para incorporar propuestas de distintos bloques y garantizar la participación ciudadana.
La audiencia pública se realizará en dos jornadas: el miércoles 25 de marzo de manera presencial y el jueves 26 en modalidad remota, con el objetivo de facilitar la participación desde distintas provincias. Ambas jornadas se extenderán entre las 10 y las 19 horas —con posibilidad de ampliarse— y se desarrollarán en la Sala A del Anexo “C”, un espacio con mayor capacidad.
Según se informó, cada expositor dispondrá en principio de cinco minutos, aunque el tiempo podrá reorganizarse según la cantidad de participantes. Las intervenciones también deberán presentarse por escrito para incorporarlas como antecedentes del debate.
El registro para participar permanecerá abierto hasta 24 horas antes de la audiencia, ya sea por correo electrónico a la Comisión de Recursos Naturales o de manera presencial en la Cámara de Diputados. Además, todo el proceso será transmitido en vivo a través de los canales oficiales del Congreso.
Un debate con reclamos de mayor federalismo
Durante el plenario, varios legisladores coincidieron en la necesidad de ampliar la participación de provincias, especialistas y organizaciones.
El diputado Maximiliano Ferraro respaldó la realización de la audiencia pública y sostuvo que se trata de una instancia necesaria no solo por razones institucionales, sino también por el impacto territorial de la norma.
“No solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”, señaló.
Ferraro advirtió además que el debate involucra a una amplia porción del país. “El 36% de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de siete millones de habitantes”, explicó.
En la misma línea, la diputada Sabrina Selva coincidió en que la instancia debe ser amplia y verdaderamente federal.
“No alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal. La participación tiene que ser totalmente abierta para que puedan participar; no se puede cercenar la participación”, sostuvo.
Desde la oposición también surgieron cuestionamientos sobre la extensión del proceso y la cantidad de expositores. La diputada Lucía Cámpora advirtió que el esquema inicial podría resultar limitado, mientras que María Inés Zigarán pidió ampliar el tiempo de cada intervención: “Con la complejidad técnica, jurisdiccional, jurídica, ambiental y constitucional de la ley, no alcanzan cinco minutos para exponer”.
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés puso el foco en el impacto ambiental del proyecto. “Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. Glaciar es agua y agua es vida”, afirmó.
Qué cambia con el proyecto
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por el Senado el 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El texto redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y otorga a las provincias mayor control sobre el uso de los recursos naturales en esos territorios.
Además, establece que cada jurisdicción deberá registrar las zonas en el Inventario Nacional de Glaciares a partir de estudios técnico-científicos. Si el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales determina que un área no cumple funciones hídricas, podrá excluirla del registro.
Ese punto concentra las principales críticas de organizaciones ambientales y sectores de la oposición, que advierten que la exclusión de determinadas zonas del inventario podría habilitar proyectos mineros o hidrocarburíferos en áreas cercanas a glaciares.
Con la audiencia pública convocada, la Cámara de Diputados buscará ahora reunir opiniones técnicas, políticas y sociales antes de avanzar en el dictamen de una reforma que promete abrir uno de los debates ambientales más intensos del año en el Congreso.
Con información del Parlamentario.com
