Diputados abre el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y busca dar una señal firme a la megaminería

Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles pondrá en marcha el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una pieza clave en la estrategia del Gobierno para atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos. La iniciativa, sin embargo, encendió alarmas en organizaciones ambientalistas y en parte de la oposición.

El plenario comenzará a las 10 y reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —que preside el libertario José Peluc— y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. Aunque la Casa Rosada aspira a convertir el proyecto en ley antes de fin de mes, en el Congreso reconocen que la discusión recién empieza y que no se resolverá en una sola reunión.

En paralelo, el Gobierno sigue de cerca el calendario político y económico. En los pasillos oficiales circula la intención de que el presidente Javier Milei llegue a “Argentina Week 2026”, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, con la media sanción del Senado como carta de presentación ante potenciales inversores internacionales interesados en el desarrollo de recursos naturales en el país.

No se descarta que, mientras se desarrolla ese evento en Estados Unidos, la Cámara baja avance con la firma del dictamen y lleve el texto al recinto.

El antecedente en el Senado

El pasado 26 de febrero, el Senado aprobó la reforma con 40 votos afirmativos y 31 en contra. Entre los rechazos hubo dos votos del peronismo: los ex gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca).

La votación respondió a un compromiso asumido por el Ejecutivo con mandatarios de provincias cordilleranas que reclaman un marco normativo menos restrictivo para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.

Qué cambia en la ley

La modificación apunta a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde 2010. El núcleo de la reforma es redefinir el alcance de las áreas protegidas, en especial las zonas periglaciares, hoy alcanzadas por restricciones amplias.

El proyecto elimina la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares y propone que puedan autorizarse siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental favorable. Además, transfiere mayores facultades a las provincias para delimitar qué zonas deben protegerse, reduciendo la intervención del Estado nacional.

La iniciativa introduce una diferenciación dentro de las llamadas “formas periglaciares”: distingue aquellas que cumplen funciones como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no tendrían esa función comprobable. Con ese criterio, solo las formaciones con valor hídrico probado quedarían completamente a salvo de la explotación económica.

La normativa vigente protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares —mezclas de suelos congelados, roca y sedimentos con agua dulce—. El nuevo texto mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero abre la posibilidad de inversiones en áreas que no acrediten una función hídrica específica.

También crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

Entre las actividades que seguirán prohibidas en glaciares se enumeran aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o su valor hídrico: liberación de contaminantes, obras de infraestructura, exploración o explotación minera e hidrocarburífera e instalaciones industriales. En cambio, se permiten investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como el andinismo y la escalada.

Un debate que recién comienza

Para el oficialismo, la reforma es una señal de previsibilidad normativa y una llave para multiplicar inversiones en regiones cordilleranas. Para la oposición dura y las organizaciones ambientales, en cambio, el proyecto debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce, vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

Con el debate abierto en Diputados, el Congreso vuelve a situarse en el centro de una discusión que combina desarrollo económico, federalismo y cuidado ambiental, y que promete tensiones hasta el último voto.

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