A un mes de la intervención: el Puerto opera “como si nada”, pero crece la tensión por falta de diálogo, personal desplazado y fondos retenidos

A más de un mes de la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia, la operatoria diaria sigue prácticamente igual, pero el clima puertas adentro está lejos de la normalidad. Así lo aseguró Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de Tierra del Fuego, quien describió un escenario sin diálogo institucional, con personal desplazado y fondos que ya no ingresan a las cuentas provinciales.

“Todo como estaba desde el día anterior a la intervención a las 23:59 del día 20”, dijo en comunicación con Radio Provincia. Según explicó, la temporada de cruceros continúa con la planificación que había dejado la administración provincial: mismos turnos, mismos giros y misma dinámica operativa. “No ha habido ningún cambio de temporada. Se sigue desarrollando como la tenía planificada la Dirección”.

La intervención había sido justificada por presuntos problemas de infraestructura y seguridad. Sin embargo, Murcia relativizó ese argumento y señaló que el deterioro de algunos pilotes del muelle no es nuevo y que existían recomendaciones técnicas para limitar su uso: “ese sitio tiene problemas de rotura de pilotes desde hace muchísimo tiempo”, explicó, y detalló que por esa razón históricamente se destina a embarcaciones livianas, como guardacostas de Prefectura, por eso, “hoy sigue exactamente en el mismo lugar”, remarcó.

Lo que sí cambió, afirmó, es la conducción y el acceso al área logística: “desde el momento número uno no permitieron ingresar a lo que es el área logística del Puerto de Ushuaia”, aunque el edificio administrativo continúa funcionando y él permanece en su oficina, gran parte del personal operativo —seguridad, fiscalización, servicios generales y manejo de maquinaria— no puede ingresar a sus puestos. Solo 16 trabajadores incluidos en el listado de la resolución nacional están cumpliendo funciones.

La falta de comunicación es, para Murcia, uno de los puntos más preocupantes: “comunicación absolutamente ninguna”, dijo. Aseguró también que las notas formales enviadas a la Administración General de Puertos no obtuvieron respuesta y que tampoco conocen el plan de trabajo de la intervención: “les preguntamos cuál era el plan de la intervención, cómo lo iban a desarrollar y no tenían plan en ese momento. Yo se los pedí por nota y no me respondieron absolutamente nada”, sostuvo.

En paralelo, la disputa también pasa por los recursos. El funcionario indicó que desde el 21 del mes pasado los ingresos del puerto se depositan en una cuenta distinta a la recaudadora de la Dirección Provincial: “hoy estoy utilizando la reserva que yo tenía para infraestructura para gastos corrientes y gastos de personal”.

Murcia también cuestionó gestos que calificó como innecesarios y provocadores, como el retiro de la cartelería institucional, “sacaron hasta la identificación del edificio central del Puerto de Ushuaia”, lamentó. Para él, se trata de una señal simbólica que “no modifica absolutamente nada” en la gestión, pero que implica un avance sobre la identidad provincial. “Parecería que lo hacen como una forma de provocar. ‘Yo hago lo que quiero’. Y no es así”, expresó.

Consultado sobre versiones que vinculan a empresas internacionales interesadas en administrar la terminal, negó tener información concreta. “No me consta. Nunca lo han planteado”, afirmó, aunque reconoció que siempre existió interés del sector privado en participar bajo esquemas de colaboración público-privada. En ese sentido, defendió el modelo actual, que articula carga, pesca, turismo antártico, cruceros bioceánicos y buques científicos. “Si hubiese un solo dueño, por ahí perjudicaría a todo el resto de las actividades”, advirtió.

Mientras tanto, el futuro del puerto quedó atado a la definición judicial tras la declaración de incompetencia del juez federal local. “No tenemos otro camino”, admitió Murcia, en referencia a la espera por lo que resuelva la Corte Suprema.

El conflicto podría haberse evitado, ya que “el camino era el diálogo”, sentenció. Y dejó en claro cuál sería su salida ideal: “Lo que a mí me gustaría es que esto cese inmediatamente, que restituyan el puerto a la provincia, que es su verdadero propietario, y que después continúe una situación administrativa o judicial investigando todas las cosas que se eligieron para aclarar a la comunidad”.

Por ahora, los barcos siguen llegando y zarpando como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, el puerto más austral del país atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años.

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