La legisladora del bloque La Libertad Avanza, Natalia Graciania sostuvo que la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Autoridad Portuaria Nacional se debió a irregularidades y deficiencias estructurales, operativas y de gestión detectadas en auditorías.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA, la parlamentaria indicó que junto a los diputados Santiago Pauli y Miguel Rodríguez solicitaron una audiencia con el interventor designado por Nación, Iñaki Arreseygor, quien explicó los alcances de la decisión adoptada por la ANPYN, autoridad portuaria nacional. Gracianía, sostuvo que se constato «deficiencias estructurales, operativas y de gestión» lo que «compromete el cumplimiento de los estándares mínimos que exige el régimen portuario nacional y consideran que afecta la seguridad, la funcionalidad y además la sustentabilidad de la instalación portuaria».
Además «constataron, entre otras cuestiones, deterioros significativos en sectores estructurales del muelle comercial, en particular en un sitio que es el denominado Sitio 3 con evidentes signos de desgaste en las defensas del muelle».
Graciania remarcó que constató un desvío de fondos del puerto hacia el gobierno provincial a través de convenios de asistencia financiera, en lugar de invertir en las obras necesarias para mantener el puerto en condiciones óptimas. «Otro de los puntos tiene que ver con el desvío de fondos para asistencia al Gobierno provincial por medio de convenios de asistencia financiera. Y esto sumado a que la inversión en las obras necesarias para poner el puerto en condiciones óptimas fue muy baja. Los estándares de inversión hablan de un porcentaje de un 55% destinado a sueldos, un 30% destinado a asistencias para de alguna manera subsanar déficit del gobierno provincial. Y por otro lado, el 1,3% de lo que recaudaba el puerto fue destinado a obras», explicó.
Entonces, la conclusión la Autoridad Portuaria Nacional fue la situación ameritaba un llamado de atención urgente al puerto de la ciudad de Ushuaia, antes de clausurarlo directamente. La intervención busca ordenar las cuentas del puerto, asegurar que los ingresos se reinviertan en las obras requeridas y garantizar la eficiencia y seguridad del puerto, que es un activo estratégico para Tierra del Fuego.
La parlamentaria aseveró que «según lo que nos informo, el interventor designado por Nación, Iñaki Arreseygor, la primeria auditoria constató un convenio por 4.000 millones de pesos con el Ministerio de Economía, además de acuerdos similares con el Ministerio de Salud. En total, los montos observados oscilarían entre 5.000 y 6.000 millones de pesos, recursos que debían reinvertirse en obras portuarias pero se desvió hacia otros fines, obre todo teniendo en cuenta la situación del puerto».
Acerca de la situación de los trabajadores portuarios, Graciania aseveró que «la intervención decidió desafectar de la relación laboral por determinado tiempo, mientras dure el trabajo que van este a realizar, a un grupo de personas que trabajan en el puerto. Todavía no hay designado una persona a cargo como representante de la intervención en el puerto de Ushuaia. Estas personas están colaborando y trabajando en el marco de las decisiones que está tomando la intervención con relaciones laborales absolutamente claras, porque se solicitó una licencia para los mismos mientras dure la intervención».
«Respecto del resto de las personas que tienen una relación laboral en el puerto, el gobierno de la provincia es quien se tiene que hacer cargo de estas personas», apunto y agregó que lo que nos manifestaba el interventor. La Dirección Provincial de Puertos cuenta con dinero suficiente como para afrontar estas responsabilidades, entonces llevamos la tranquilidad a los empleados en ese sentido».
La legisladora de la LLA, remarcó que «hay otras decisiones que se seguirán tomando porque ahora se está realizando un análisis de toda la situación dentro del puerto para determinar qué obras son las prioritarias, cuáles son los costos de las mismas. Y respecto de esto, seguramente cuando termine la temporada alta de cruceros, se comenzará a realizar las obras necesarias».
Consultada sobre una supuesta entrega del Puerto a los Estados Unidos, respondió que «no se de donde salen esas versiones también he escuchado las versiones con respecto del avión que vino con representantes del Congreso de Estados Unidos, y de hecho hubo autoridades de la UNTDF que salieron a aclarar este tema y ha habido versiones absolutamente disparatadas».
«Es una locura todo tipo de versiones que han salido, para desviar la atención del problema grave que estamos teniendo y no es más ni más ni menos, parte del desmanejo del gobierno de Gustavo Melella en uno de los sectores que nos llevó a tener que encontrarnos con una situación realmente muy preocupante».
Si bien, Gracianía reconoció que votó a favor de la ley que habilitaba el uso de fondos del Puerto de Ushuaia para asistir a la obra social, explicó que la iniciativa se dio en julio de 2025, en un contexto de emergencia sanitaria y financiera de OSEF. Incluso fue avalada por el propio Gobierno provincial y acompañada por unanimidad. «Acompañamos esta ley pero desconocemos si ese dinero ingreso o no a la Obra Social», remarcó.
Graciania admitió que lo que habilitó la intervención fue el presupuesto del año 2025, el cual no acompaño La Libertad Avanza. «Hay una cláusula donde el Gobierno habilitaba la posibilidad de que los organismos con superávit pudieran generar préstamos para el sostenimiento del Gobierno y para la realización de obras», advirtió.
En este sentido, remarcó que «la plata (del Puerto) no se la lleva Nación. La plata que ingresa al puerto va a una cuenta específica y ese dinero va a ser reinvertido en el puerto» y «mientras dure la intervención, administrativa, técnica y financiera, la Dirección Provincial de Puertos no va a recibir los fondos que se recauden. Y el dinero que ingrese se invertirá en las obras necesarias. Este es el plan de la intervención».
«ANPYN no necesita el dinero del puerto Ushuaia, el puerto de Ushuaia necesita que el dinero que recauda sea reinvertido en las obras necesarias para que esté en condiciones para la seguridad de los trabajadores, para los turistas y de quienes realizan actividades comerciales en el puerto», subrayó finalmente.
«Si el puerto está funcionando fue por la decisión de la intervención, la menos gravosa para la provincia de Tierra del Fuego. Se están cuidando todas las cuestiones de seguridad y para poder terminar con esta temporada alta de cruceros y después, con el dinero recaudado, reinvertimos en las obras necesarias para poner el puerto en condiciones. Este es el motivo de la intervención. No es una intervención que viene a quitarnos el puerto de Ushuaia, viene a poner las cosas en su lugar, viene a ordenar técnicamente, financieramente y administrativamente el puerto de la ciudad de Ushuaia, porque el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, el gobierno de Gustavo Melella, no hizo bien las cosas Y teníamos un puerto que no estaba en condiciones», finalizo.
Fuente: BriefTDF.com.ar
